Keiko Fujimori fue detenida en tres oportunidades en el marco del denominado caso “Cócteles”, relacionado con los presuntos aportes ilícitos a sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.

La primera detención ocurrió el 10 de octubre de 2018, dentro del Ministerio Público, por orden del juez Richard Concepción Carhuancho. Permaneció ocho días bajo detención preliminar, medida que luego el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional por carecer de sustento suficiente.

Semanas después, el 31 de octubre de 2018, el mismo magistrado dictó 36 meses de prisión preventiva contra Fujimori, quien fue recluida en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos. Tras trece meses de encarcelamiento, el 29 de noviembre de 2019, el Tribunal Constitucional ordenó su liberación mediante un hábeas corpus, al considerar que la medida vulneró su derecho a la libertad personal.

Poco después, el 28 de enero de 2020, el juez Víctor Zúñiga Urday volvió a dictar prisión preventiva, esta vez por 15 meses. Fujimori cumplió cerca de tres meses y medio en prisión hasta el 5 de mayo del mismo año, cuando una sala de apelaciones revocó la decisión judicial y dispuso su liberación con comparecencia.

En total, la lideresa de Fuerza Popular estuvo privada de su libertad aproximadamente 16 meses y medio. Ninguna de las medidas restrictivas dictadas en su contra fue finalmente ratificada por instancias superiores, que concluyeron que existieron excesos y falta de proporcionalidad en las decisiones judiciales.

El Tribunal Constitucional, en su sentencia de octubre de 2025, confirmó que las tres detenciones y prisiones preventivas fueron arbitrarias o desproporcionadas, reconociendo la vulneración de sus derechos fundamentales. Con ello, cerró un largo capítulo judicial marcado por el uso excesivo de medidas coercitivas y por un proceso penal que se prolongó durante más de siete años.