Una reciente modificación en la Ley General de Contrataciones Públicas ha generado controversia al permitir que los familiares de congresistas puedan participar en procesos de licitación con el Estado, a excepción del Congreso de la República.

La norma, aprobada en mayo de 2024 y respaldada por 90 legisladores de distintas bancadas, ha sido criticada por especialistas que advierten posibles conflictos de interés y debilitamiento de la transparencia en la gestión pública.

La reforma elimina la prohibición general que impedía a los parientes de los parlamentarios contratar con cualquier entidad estatal. Ahora, la única restricción se limita al ámbito del Poder Legislativo y por un periodo de seis meses tras el fin del mandato. Además, se redujo de doce a seis meses el plazo para que los propios excongresistas puedan volver a contratar con el Estado.

María Elena Sánchez, exdirectora de administración pública, advirtió que la medida puede facilitar la contratación de familiares por vínculos políticos más que por méritos. Marcel Ramírez, especialista en gestión pública, sostuvo que estas modificaciones ignoran las debilidades institucionales del país y aumentan el riesgo de redes clientelistas dentro del aparato estatal.

Por su parte, el congresista Jorge Montoya defendió el cambio, señalando que impedir a los familiares de legisladores trabajar en el Estado constituye un “exceso de control”, y recalcó que existen mecanismos como la contraloría para combatir la corrupción. El abogado Christian Guzmán también criticó la antigua restricción, argumentando que limita derechos fundamentales, respaldado en un fallo previo del Tribunal Constitucional sobre un caso similar.

Sin embargo, especialistas como Ramírez y Sánchez insisten en que el nuevo marco legal debilita el ya precario control institucional y puede erosionar aún más la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas. Consideran que las restricciones eran necesarias precisamente por la histórica fragilidad del sistema y por los antecedentes de favoritismo en el Estado.