La congresista María Acuña, de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), lidera una iniciativa legislativa para que el Perú denuncie su permanencia en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), también conocida como el Pacto de San José.

El proyecto de ley N.° 9761/2024, presentado formalmente al Congreso, plantea también la renuncia a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, argumentando la necesidad de reforzar la soberanía nacional en decisiones de justicia.

El texto legislativo consta de tres artículos y propone que la presidenta Dina Boluarte inicie el proceso de retiro del pacto ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). Además, establece que una eventual reincorporación al tratado solo podrá darse bajo condiciones específicas que permitan la adopción soberana de políticas penales, incluyendo la pena de muerte en casos de delitos graves.

APP justificó su propuesta señalando que la permanencia en la Convención restringe al Estado en la implementación de sanciones severas para crímenes que afectan profundamente a la sociedad, como los abusos contra menores. Asimismo, destacó que el pacto internacional impone tiempos y criterios que dificultan una rápida respuesta a las demandas de los ciudadanos.

La iniciativa coincide con recientes declaraciones de la presidenta Dina Boluarte durante el VI Consejo de Estado Regional, donde manifestó su apoyo a debatir la posibilidad de instaurar la pena de muerte para casos de delitos graves contra menores.

“El debate sobre la pena de muerte contra los violadores, una lacra que no debe tener ningún espacio en nuestra sociedad, ni en las calles, ni en las cárceles. Las niñas y niños son lo más sagrado, son intocables”, expresó Boluarte, instando a las fuerzas políticas a reflexionar sobre el tema.

El proyecto ha generado reacciones encontradas. Mientras algunos sectores apoyan la medida como una herramienta para fortalecer la justicia en el país, organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que el retiro del Perú del Pacto de San José podría debilitar los estándares internacionales de protección a los ciudadanos y generar repercusiones diplomáticas.