El Ejecutivo fijó posición. El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) expresó su rechazo al proyecto que plantea extender el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta 2027, iniciativa que es evaluada por el Congreso. De acuerdo con la entidad, la ampliación resulta innecesaria y un plazo hasta fines de 2026 sería suficiente para avanzar en el proceso de regularización.

El sector sustentó que un año adicional permitiría continuar con las simplificaciones administrativas en marcha sin generar un incentivo para la informalidad. En el documento presentado, el MINEM también pidió modificar aspectos centrales de la propuesta congresal, advirtiendo que esta le retiraría facultades clave en fiscalización y control. La cartera exige mantener la potestad de excluir de manera inmediata a mineros que operen en zonas prohibidas o que utilicen el registro sin intención real de formalizarse.

La posición oficial agrega que todos los usuarios inscritos que, al 30 de junio de 2025, no cumplan condiciones mínimas —como tener RUC vigente, presentar IGAFOM o declarar producción— deben quedar fuera del registro. Entre los cambios planteados también figura reemplazar la denominación "minero en vías de formalización" por "titular de una licencia temporal de producción minera", con el fin de otorgar mayor claridad y rigor legal al estatus administrativo.

Otro punto señalado es que las funciones de inspección ambiental en la pequeña minería corresponden a los gobiernos regionales, por lo que no deberían transferirse al ministerio. Asimismo, Energía y Minas solicita que la aprobación del IGAFOM pueda continuar aun si otras entidades coevaluadoras, como ANA o SERFOR, no emiten su informe dentro del plazo, con el objetivo de evitar la paralización del proceso.

Finalmente, el MINEM consideró innecesaria la inclusión del Censo Nacional de la Pequeña Minería dentro del proyecto de ley, al recordar que esta acción ya está programada. La institución pidió al Congreso evaluar sus recomendaciones antes de llevar la propuesta a votación, con el fin de garantizar una norma funcional que fortalezca la formalización y evite el avance de la minería ilegal.