La Fiscalía de la Nación admitió una denuncia contra Cinthya Pajuelo Chávez e inició una investigación preliminar por un plazo de 50 días por un presunto fraude cometido durante las elecciones internas de Acción Popular. La pesquisa se centra en su actuación como presidenta del Comité Nacional Electoral del partido y en la presunta entrega de documentación falsa al Jurado Nacional de Elecciones para la inscripción de delegados.

La denuncia fue presentada por los ciudadanos Daniel Alberto Romero Ramírez, Marlene Sofía Cuentas Carrera y Erick Manuel Loayza Alvarado, quienes atribuyen a Pajuelo la presunta comisión de delitos contra la fe pública, específicamente falsificación de documentos y falsedad ideológica, en agravio del JNE. Según el expediente, los hechos se habrían producido en el marco del proceso de elecciones primarias del partido.

De acuerdo con la acusación fiscal, Pajuelo no habría inscrito ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales a los candidatos ganadores que fueron proclamados legítimamente por el Comité Nacional Electoral. En su lugar, se habría excluido del padrón oficial a delegados electos mediante las Resoluciones N.° 069-2025/CNE-AP y N.° 070-2025/CNE-AP, emitidas el 3 de diciembre de 2025.

Los denunciantes sostienen que, de manera paralela, se habría incluido como presuntos ganadores a ciudadanos que no resultaron elegidos en el proceso interno. Este padrón modificado fue inscrito y publicado por la ONPE el 4 de diciembre de 2025, lo que permitió que el 7 de diciembre se realizaran elecciones primarias con delegados cuya legitimidad es cuestionada.

La resolución fiscal dispone el inicio de diligencias preliminares por los delitos de falsificación de documentos y falsedad ideológica, señalando que el padrón presentado habría sido alterado o simulado para crear una realidad distinta a la que debía reflejar de manera veraz el proceso electoral interno del partido.

Además de los delitos contra la fe pública, la denuncia incluye otras imputaciones como usurpación de función pública, suplantación de votante, atentado contra el derecho al sufragio y omisión de funciones. Estos aspectos serán evaluados y sustentados durante el desarrollo de la investigación a cargo del Ministerio Público.