La Municipalidad de Lima (MML), bajo la gestión del alcalde Rafael López Aliaga, rechazó la demanda presentada por Brookfield contra el Estado peruano por 2,700 millones de dólares. La empresa, socia de Odebrecht, exige una millonaria compensación tras la suspensión del cobro del peaje de Chillón, medida ordenada por el Tribunal Constitucional.

En un comunicado oficial, la MML calificó la demanda de inaceptable y recordó que Brookfield adquirió acciones de Rutas de Lima de Marcelo Odebrecht, condenado por corrupción en el Perú. Además, señaló que la suspensión del peaje de Chillón buscó proteger a los ciudadanos de lo que consideraron un cobro injusto.

La municipalidad reiteró su posición contra los contratos suscritos en gestiones anteriores que habrían beneficiado a empresas vinculadas a la corrupción y enfatizó la necesidad de que el juez Chávez Tamariz emita una sentencia en el caso de la exalcaldesa Susana Villarán, quien admitió haber recibido financiamiento ilegal de Odebrecht y OAS.

Asimismo, el Concejo Metropolitano de Lima reafirmó su compromiso de invertir en la ampliación de la Autopista Ramiro Prialé, argumentando que la falta de infraestructura en Lima Este afecta los derechos de la población.

Finalmente, la MML aseguró que continuará el litigio contra Brookfield en Washington y que no permitirá abusos en perjuicio de los limeños.