El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, están envueltos en actos que algunos juristas señalan como de colusión y tráfico de influencias, debido a los contratos de sus familiares con el Estado.

Asimismo, los responsables de la realización de contratos irregulares y de presiones al jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, podrían ir a prisión de acuerdo a lo establecido en la ley.

Tal podría ser el caso de Bruno Pacheco Castillo, quien renunció a la Secretaría General del Despacho Presidencial tras conocerse un presunto tráfico de influencias contra el jefe de la Sunat, Luis Vera, y una intromisión en el proceso de ascenso de las Fuerzas Armadas, un hecho que culminó con salida de Walter Ayala del Ministerio de Defensa y que aún está en investigación.