Editorial Economía de El Montonero

Al cierre de esta edición trascendió que en el Consejo de Ministros se estaba discutiendo un nuevo rescate financiero para Petroperú por más de US$ 2,000 millones. De aprobarse esta medida, mediante un decreto supremo de emergencia, semejante cantidad se sumaría a los US$ 2,500 millones transferidos a la empresa estatal de petróleos en el 2022 para que “pueda seguir operando con normalidad”. Si a estas cifras astronómicas le sumamos el costo que ya suma el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara –es decir, más de US$ 6,000 millones– estamos hablando de una de las empresas más ineficientes de la historia nacional.

Pero eso no es todo. El Ejecutivo le ha entregado a Petroperú los lotes I, VII y Z-69, cuyos contratos de concesión habían vencido. Y se entregaron sin licitación, no obstante que diversas compañías estaban interesadas en la gestión de los señalados lotes. Como todos sabemos, la conducción de esas concesiones petroleras necesita de inversión para mantener sus niveles de productividad. ¿Cómo así una empresa quebrada como Petroperú va a tener capacidad de invertir? Imposible.

A la luz de todos estos hechos, es incuestionable que el gobierno de Dina Boluarte ha nacionalizado la política petrolera en el Perú. Vale recordar que la estatización del sector energético era el eje y el objetivo principal del gobierno de Pedro Castillo y de Perú Libre. En este contexto, cabe preguntarse si no estamos ante una versión pálida de las irresponsabilidades económicas que hubo durante el gobierno de Castillo.

La farra fiscal alrededor de Petroperú se produce cuando la SUNAT acaba de informar que la presión tributaria ha descendido en 12.3% sumando más de S/ 10,000 millones en recursos menos para el Estado. Igualmente se produce cuando el gobierno de Boluarte y la gestión de Alex Contreras en el Ministerio de Economía incumplen las metas de reducción del déficit fiscal, quebrando tres décadas de disciplina macroeconómica. Y como supuestamente lo señaló el propio Contreras, el aumento del déficit tendría que ver con la sangría de recursos a Petroperú.

Si en el Congreso no se asume una clara posición de control y oposición al evidente regreso del Estado empresario –que durante el velascato, desencadenó la creación de 200 empresas estatales, creó un déficit fiscal de más del 10% del PBI y desató la hiperinflación que empobreció a más del 60% de los peruanos–, entonces las bancadas que se opusieron al golpe fallido de Castillo también serán responsables de la destrucción de la disciplina fiscal y la macroeconomía nacional.

Nada bueno puede salir del despilfarro de recursos a favor de Petroperú y la clientela de izquierda que se ha formado alrededor de la empresa estatal. No cabe la menor duda de que todas las inversiones sumarán desastre tras desastre, mientras se acumulan las denuncias de irregularidades y de corrupción.

Y es que con la llamada estatización de los recursos naturales de América Latina nunca acaeció nada positivo. Por ejemplo, antes de la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela, en 1998, Petróleos de Venezuela producía 3.12 millones de barriles diarios de crudo. Hoy apenas extrae 800,000 barriles, no obstante tener las mayores reservas del planeta. El estatismo, las nacionalizaciones y la falta de inversión explican el desastre.

Igualmente, antes de la llamada nacionalización de Yacimientos Fiscales de Bolivia (YPF) de parte de Evo Morales, en 2014, Bolivia extraía 59 millones de metros cúbicos de gas diarios. Ahora solo produce entre 35 y 38 millones. La nacionalización y la falta de inversión en exploración de nuevos yacimientos explican el desastre energético boliviano.

El gobierno de Dina Boluarte empieza a dejar ver su rostro estatista y populista, mientras prepara el regreso del Estado empresario. Las corrientes de izquierda, pues, se reavivan en los momentos menos esperados para destruir la economía del país y empobrecer a los peruanos.