El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, realizó un contundente llamado al Congreso de la República para que apruebe la Ley de Flagrancia, una iniciativa impulsada por su sector con el objetivo de fortalecer la lucha contra la delincuencia en el país.

Durante la inauguración del ciclo de conferencias por el XIV Aniversario del Módulo Corporativo Laboral de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Arévalo expresó su preocupación por la demora en la discusión de esta importante ley en el Parlamento. "Pareciera que no tiene la prioridad que debe y me preocupa porque eso demuestra una desatención a la lucha contra la delincuencia", afirmó el magistrado.

Arévalo enfatizó que, aunque el Poder Judicial no está en enfrentamiento con ninguna otra entidad constitucional, es su deber exigir al Congreso que se apruebe esta normativa. Además, hizo un llamado al Ministerio Público para que se comprometa de manera más activa en la lucha contra la criminalidad, especialmente en lo que respecta a las unidades de flagrancia.

Asimismo, el titular del Poder Judicial subrayó la necesidad de un esfuerzo conjunto entre su institución, el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo para llevar adelante una "cruzada" efectiva contra el crimen. A pesar de varios intentos de acercamiento con congresistas para impulsar esta ley, Arévalo lamentó que no se hayan obtenido resultados concretos.

"Este proyecto de ley tiene meses, pero parece no ser una prioridad para el Parlamento, lo cual es preocupante, ya que la criminalidad debería ser el tema prioritario para todos los organismos del Estado", sostuvo Arévalo.

El magistrado también destacó otros proyectos legislativos que siguen en espera de discusión, como la ley de oralidad civil y la reforma de la ley procesal del trabajo, los cuales buscan agilizar los procesos judiciales. Sin embargo, cuestionó las prioridades del Congreso, afirmando que la lucha contra la delincuencia debería ser la principal preocupación del Estado.

Con estas declaraciones, Javier Arévalo reafirmó su compromiso con la justicia y su disposición a colaborar con todas las entidades del Estado para enfrentar el creciente problema de la criminalidad en el Perú.