El grupo parlamentario Fuerza Popular presentó un proyecto de ley para restituir la firma del expresidente Alberto Fujimori en la Constitución Política de 1993, buscando derogar la Ley 27600, la cual la suprimió en el año 2001.

La bancada argumenta que esta medida es necesaria para “salvaguardar la memoria histórica del Perú” y preservar la integridad del documento que definió un nuevo orden político y económico en el país.

En el texto de la propuesta se destaca que “la Constitución de 1993 fue ratificada por referéndum popular y promulgada durante el gobierno de Fujimori, por lo que constituye un hecho histórico que no debe ser modificado”. Sin embargo, el pedido de la Fiscalía para suprimir la firma de Fujimori se basó en las violaciones de derechos humanos y actos de corrupción que marcaron su administración, por los cuales fue posteriormente condenado a 25 años de prisión.

Para algunos congresistas, el proyecto representa un homenaje a los cambios estructurales impulsados por el expresidente, como el fomento a la inversión y la lucha contra el terrorismo. En cambio, otros sectores consideran que restituir su firma busca justificar un periodo controversial, donde se implementaron medidas autoritarias y se restringieron las libertades individuales.

La Ley 27600, vigente desde 2001, eliminó la firma de Fujimori en la Constitución como parte de una serie de reformas posteriores a su mandato. En su lugar, el documento lleva las firmas de Alejandro Toledo, entonces presidente, y de Carlos Ferrero, presidente del Congreso, quienes impulsaron las modificaciones.

Según la normativa, la eliminación de la firma original respondió a la vacancia presidencial por “incapacidad moral” dictada contra Fujimori en 2000, tras huir del país en medio de escándalos de corrupción.

Si bien la propuesta de Fuerza Popular cuenta con el apoyo de algunos congresistas, enfrenta críticas y resistencia en otros sectores que consideran que, al restituir la firma de Fujimori, se está reescribiendo la historia y se omiten las violaciones de derechos humanos. La iniciativa ahora deberá ser debatida en las comisiones del Congreso antes de una eventual votación en el Pleno.