El congresista Américo Gonza ha presentado un proyecto de ley que plantea declarar en emergencia al Ministerio Público por seis meses, como parte de una reforma estructural que implicaría la destitución de todos los fiscales supremos, incluidos la fiscal de la Nación, y la conformación de una nueva Junta Transitoria.

La iniciativa surge en un contexto de crisis institucional, marcado por enfrentamientos entre el Congreso, la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio Público.

Según el documento legislativo, durante el estado de emergencia se reorganizará íntegramente la estructura del Ministerio Público. Para ello, se propone modificar la Constitución y autorizar medidas extraordinarias a través de disposiciones transitorias. La Junta Nacional de Justicia tendría la función de convocar un concurso público para nombrar a siete nuevos fiscales supremos, quienes integrarían una Junta Transitoria y elegirían a un fiscal de la Nación interino.

El artículo quinto del proyecto dispone que todos los fiscales supremos y adjuntos, tanto titulares como provisionales, sean cesados en sus cargos desde la entrada en vigencia de la ley. Esta Junta Transitoria se encargaría de garantizar la continuidad institucional y de preparar la transición hacia un nuevo marco normativo.

Durante su gestión temporal, los miembros de la Junta Transitoria deberán elaborar y presentar al Congreso dos propuestas legislativas: una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público y una nueva Ley de la Carrera Fiscal. El mandato de la Junta concluirá con la promulgación de estas leyes, según lo estipulado por el proyecto.

La propuesta ha generado debate inmediato en círculos políticos y jurídicos, pues implicaría un rediseño institucional profundo del órgano autónomo encargado de la persecución penal. Gonza sostiene que la reforma es necesaria para restaurar la credibilidad del sistema de justicia, aunque críticos advierten que la medida podría vulnerar el principio de independencia fiscal.