La bancada de Renovación Popular presentó una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos, acusándolos de presunta desobediencia a la autoridad y usurpación de funciones.

La acción parlamentaria se da en el contexto del incumplimiento, por parte de los magistrados, de la resolución de la Junta Nacional de Justicia que ordenó la restitución de Patricia Benavides como titular del Ministerio Público.

El documento, remitido al presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, alcanza también a los fiscales supremos Pablo Sánchez Velarde, Zoraida Ávalos Rivera y Juan Carlos Villena Campana. Según Renovación Popular, los denunciados habrían vulnerado abiertamente la Constitución al impedir el regreso de Benavides a su cargo, desobedeciendo una decisión emitida en el marco de las competencias legales de la JNJ.

La denuncia califica las conductas de los fiscales como una “flagrante desobediencia” a la autoridad, en una situación que —según el grupo parlamentario— configura además una resistencia al orden institucional establecido. En ese sentido, argumentan que existe sustento legal para iniciar un antejuicio político contra los involucrados.

De prosperar la acusación constitucional, los fiscales supremos podrían ser destituidos de sus cargos y quedar inhabilitados para ejercer cualquier función pública por un periodo de hasta diez años. El documento ha sido firmado por los congresistas Alejandro Muñante, Norma Yarrow, Diego Bazán, Cheryl Trigozo, Miguel Ciccia, Noelia Herrera y María Córdova.

La bancada solicitó que la denuncia sea admitida a trámite de manera prioritaria y que se respeten todos los procedimientos establecidos en la Carta Magna y el reglamento del Congreso. La medida marca un nuevo episodio en la creciente tensión institucional alrededor del Ministerio Público.