La bancada de Renovación Popular exigió a la presidenta Dina Boluarte iniciar el proceso para que Perú denuncie la Convención Americana de Derechos Humanos y deje de estar bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Los legisladores sostienen que la permanencia en este organismo afecta la lucha contra el crimen organizado y pone en riesgo la seguridad ciudadana.

En un documento dirigido a la mandataria, los congresistas solicitaron que, en uso de sus atribuciones constitucionales, presente ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) la denuncia formal del denominado Pacto de San José.

Argumentaron que la crisis de seguridad que atraviesa el país, con el aumento de delitos como la extorsión y el sicariato, requiere medidas más drásticas que, según ellos, se ven limitadas por las disposiciones del sistema interamericano de justicia.

Los legisladores advirtieron que las instituciones encargadas de la administración de justicia enfrentan obstáculos legales y convencionales que impiden una respuesta efectiva del Estado ante el crimen. Además, indicaron que la actual situación de inseguridad genera un “estado permanente de zozobra” en la ciudadanía.

El pedido de Renovación Popular se suma a un debate creciente sobre el papel de la Corte IDH en el país y las implicancias de una eventual salida del organismo internacional. La bancada sostiene que la desvinculación permitiría implementar políticas de seguridad más eficaces, una postura que ha sido respaldada por sectores que plantean la pena de muerte como una opción en la lucha contra el crimen.