El congresista Alejandro Muñante, de la bancada Renovación Popular, celebró la oficialización de la modificación de la Ley N° 32108, que busca hacer más eficaz la lucha contra el crimen organizado. “¡Ya es Ley!”, expresó Muñante, destacando los cambios clave que permitirán actuar con mayor celeridad en la ejecución de allanamientos y mejorar la tipificación de las organizaciones criminales.

Entre las principales modificaciones a la norma se destacan:

• Allanamientos con o sin la presencia del interesado: La intervención policial o judicial podrá ejecutarse sin la necesidad de esperar al propietario o involucrado.
• Participación de la defensa pública: Los allanamientos contarán con la presencia de la defensa pública para garantizar el debido proceso.
• Ausencia de abogado particular no suspende la ejecución: Si la persona investigada no cuenta con abogado privado en el momento, esto no será motivo para retrasar o suspender el allanamiento.
• Claridad en la definición de organización criminal: La redacción se ha precisado para facilitar la identificación y sanción de organizaciones delictivas.

“Ahora sí: ¡allanamientos inmediatos y sin excusas!”, señaló Muñante, resaltando que estas modificaciones permitirán a las autoridades actuar con mayor rapidez en los operativos. Además, destacó que este cambio era necesario para enfrentar de manera efectiva la creciente criminalidad que afecta al país.

La bancada de Renovación Popular tomó crédito por el impulso de esta reforma legal, afirmando que representa un paso fundamental en la seguridad ciudadana. Según sus voceros, la modificación refuerza la capacidad de acción del sistema judicial y evita que vacíos legales entorpezcan las investigaciones.

Con esta nueva legislación, se busca también dar respuesta a las críticas que apuntaban a una excesiva burocracia en los operativos, permitiendo que las órdenes judiciales se ejecuten de forma más ágil.

Este marco legal actualizado refuerza el compromiso del Estado en la lucha contra las organizaciones criminales y ofrece a la Policía y el Poder Judicial herramientas más efectivas para combatir delitos complejos. La iniciativa responde al contexto de creciente inseguridad, con el objetivo de devolverle la tranquilidad a la ciudadanía.