El pleno del Senado aprobó este miércoles 21 de octubre el dictamen que delega 27 facultades legislativas al Gobierno de Keiko Fujimori por un periodo de 90 días. La iniciativa obtuvo 35 votos a favor, 18 en contra y seis abstenciones, superando el respaldo requerido para su aprobación. Las atribuciones se concentran en medidas de seguridad ciudadana y prevención frente al fenómeno El Niño.

La propuesta recibió el respaldo unánime de los 22 integrantes de Fuerza Popular y los ocho representantes de Renovación Popular. A estos se sumaron tres votos del Partido Cívico Obras y dos del Partido del Buen Gobierno, que permitieron alcanzar los 35 votos favorables. La votación reflejó diferencias entre las agrupaciones parlamentarias respecto de los alcances de la delegación legislativa.

La oposición al dictamen estuvo encabezada por Juntos por el Perú, cuyos 14 senadores votaron en contra de la iniciativa. Los cuatro integrantes de Ahora Nación también rechazaron la propuesta. Por su parte, cinco representantes del Partido del Buen Gobierno optaron por abstenerse, al igual que un integrante del Partido Cívico Obras. Este último grupo registró además un integrante sin voto contabilizado en el resultado difundido.

El texto aprobado contempla 27 materias específicas sobre las cuales el Poder Ejecutivo podrá emitir decretos legislativos durante 90 días. Entre las disposiciones figuran medidas para fortalecer la inteligencia frente al crimen organizado, mejorar la identificación de equipos utilizados en delitos, reforzar el control de armas de fuego y facilitar la ejecución de proyectos de infraestructura priorizados.

La aprobación se produjo después de un proceso parlamentario en el que la solicitud original del Ejecutivo fue reducida considerablemente. El Gobierno había planteado 66 facultades, pero la Cámara de Diputados aprobó inicialmente 20 materias. Posteriormente, la Comisión de Constitución del Senado incorporó siete puntos adicionales, configurando el dictamen finalmente sometido a votación.

La decisión representa un avance en el trámite legislativo de la solicitud gubernamental, aunque las facultades concedidas son más limitadas que las requeridas originalmente. El Ejecutivo deberá ejercerlas dentro de las materias autorizadas y del plazo establecido, bajo los mecanismos de control parlamentario correspondientes. El debate sobre su alcance mantiene en primer plano la lucha contra la criminalidad, la prevención de desastres y la capacidad del Estado para responder a ambas prioridades.