El gobierno de México defendió públicamente la decisión de otorgar asilo político a Betssy Chávez, ex primera ministra de Pedro Castillo. Durante una conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se presentó el caso como una acción humanitaria y de protección frente a una supuesta persecución política.

Sin embargo, las autoridades mexicanas pasaron por alto el contexto legal del fallo de la justicia peruana, relacionado con el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, cuando Castillo anunció la disolución del Congreso sin facultades constitucionales para hacerlo.

Acompañada por funcionarios diplomáticos, como Pablo Monroy —embajador mexicano en Perú durante los hechos— y Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte, Sheinbaum insistió en que Chávez es una “víctima política”. La argumentación evitó mencionar que la ex primera ministra está procesada por su presunta participación en la ruptura del orden constitucional. Tampoco se reconoció que la detención de Castillo fue validada por la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional del Perú, tras el intento de cerrar el Congreso y reorganizar el Poder Judicial, acciones consideradas sedición y rebelión.

El gobierno mexicano centró su defensa en cuestionar el proceso político contra Castillo y su entorno, pero omitió detalles clave, como las pruebas de corrupción declaradas por exfuncionarios, entre ellos el exministro Salatiel Marrufo, quien señaló la existencia de pagos ilegales vinculados a personas del círculo cercano del entonces presidente. Asimismo, se ignoraron las investigaciones abiertas por desvío de recursos y el hecho de que varios exministros enfrentan procesos judiciales por presuntos delitos cometidos durante su gestión.

Durante la conferencia, Monroy reconoció que su país no pudo concretar el asilo para Castillo, pero afirmó que lograron “proteger a su familia”. No obstante, evitó detallar que el propio Castillo intentó llegar a la embajada mexicana tras anunciar el cierre del Congreso. La intervención mexicana fue presentada como un acto diplomático legítimo, dejando de lado los hechos que configuraron el rompimiento del orden democrático en Perú.

La postura del gobierno de Sheinbaum fue interpretada por especialistas y críticos como un intento de construir una narrativa política favorable a Castillo y Chávez, ignorando resoluciones judiciales y validaciones constitucionales peruanas. Esta defensa ha tensado nuevamente las relaciones entre ambos países y alimenta la percepción de que México utiliza el asilo como herramienta ideológica en procesos internos de otras naciones.