La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó este martes el informe final que recomienda inhabilitar por diez años en el ejercicio de la función pública al expresidente Francisco Sagasti y a sus exministros del Interior, Rubén Vargas Céspedes y José Elice Navarro.

Esta decisión, que ahora será evaluada por el Pleno del Congreso, surge tras acusaciones de presunto abuso de autoridad y de infracciones constitucionales.

Según el informe, aprobado con 15 votos a favor, uno en contra y una abstención, los señalados habrían incurrido en infracciones a diversos artículos de la Constitución, incluyendo los que protegen el ejercicio del poder público y los derechos fundamentales. Además, se les imputa haber cometido los delitos de abuso de autoridad y nombramiento ilegal, establecidos en los artículos 376 y 381 del Código Penal.

El congresista Jorge Montoya, encargado de sustentar el informe, afirmó que Sagasti y sus ministros dispusieron de manera “arbitraria y abusiva” el pase al retiro de tres tenientes generales y 16 generales de la Policía Nacional del Perú (PNP) en noviembre de 2020. Según Montoya, esta decisión afectó la institucionalidad de la PNP.

Los cambios en la cúpula policial ocurrieron en un contexto de tensión social tras las protestas contra el gobierno de Manuel Merino, las cuales derivaron en la muerte de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado. Sagasti, quien asumió la presidencia en medio de esta crisis, justificó en su momento las modificaciones en la PNP como una medida para recuperar la confianza ciudadana en la institución.

El caso ahora pasará al Pleno del Congreso, donde se decidirá si se ratifica la inhabilitación propuesta. La medida ha generado reacciones divididas en el ámbito político, mientras los implicados han defendido la legalidad de sus acciones durante el breve gobierno de transición.