De manera sorpresiva, el Congreso de la República aprobó con 82 votos a favor el texto sustitutorio de la ley que establece un nuevo marco de fiscalización para las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

Esta norma delega la supervisión de las donaciones extranjeras a una nueva oficina dentro de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). La aprobación se realizó la noche del miércoles, pese a que la votación estaba prevista para el jueves.

El dictamen de ley exonerado de segunda votación establece que esta unidad operará sin generar gastos adicionales al Estado y podrá sancionar a las ONG en caso de detectarse desvíos de fondos. Entre las sanciones figuran multas de hasta 500 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), suspensión de beneficios derivados de su inscripción en registros oficiales e incluso la cancelación definitiva de su personería jurídica en casos de reincidencia. Además, la norma contempla que un juez pueda ordenar la disolución de una ONG si se comprueban irregularidades graves.

Durante el debate, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Auristela Obando, explicó que el cambio en el proyecto se debió a que la Sunat consideró inconstitucional la creación de una intendencia exclusiva para fiscalizar a las ONG. En su intervención, subrayó que el propósito de la norma es evitar que estas organizaciones con financiamiento internacional incurran en actividades de interferencia política en el país.

Los congresistas Alejandro Aguinaga y José Cueto, impulsores del proyecto de ley, defendieron su aprobación argumentando que permitirá regular la actividad de ciertas ONG que, según ellos, se han beneficiado de los sectores más vulnerables sin una adecuada supervisión. La norma deberá ser promulgada por el Ejecutivo en un plazo de 15 días, aunque de ser observada, el Congreso podrá insistir en su aprobación definitiva.