El Tribunal Constitucional calificó de infundada la demanda presentada por el Poder Ejecutivo que buscaba declarar inconstitucional la Ley 31355, que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza.

Los votos que valieron para darle la razón al Congreso de la República fueron los de los magistrados Ernesto Blume, Manuel Miranda, José Luis Sardón y Augusto Ferrero, mientras los que le dieron la razón al Ejecutivo fueron Eloy Espinosa-Saldaña y Marianella Ledesma.

De esta manera, no se alcanzaron los cinco votos necesarios para que esta ley impugnada, que busca defender el ejercicio legislativo, pase a ser inconstitucional.

Así, la cuestión de confianza no la podrán plantear los ministros de Estado sobre temas relativos a la aprobación o desaprobación de reformas constitucionales, ni otras que sean materia exclusiva del Congreso o de otros organismos autónomos. Solo la podrán plantear para temas relacionados con el mismo Ejecutivo o la concreción de su política general.