El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada una demanda de hábeas data presentada por el comunicador Phillip Butters y el abogado Wilber Medina, ordenando a la Fiscalía entregar el acuerdo de colaboración eficaz firmado en 2019 entre el Equipo Especial Lava Jato y la constructora Odebrecht, hoy conocida como Novonor.

La sentencia, emitida por la Sala Segunda del TC, establece que la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Centro deberá entregar copia del Acuerdo de Beneficios y Colaboración Eficaz y su Acuerdo Complementario en un plazo máximo de cinco días hábiles.

El fallo obliga a la Fiscalía a entregar los documentos correspondientes al acuerdo firmado el 15 de febrero de 2019 y su complemento del 20 de mayo de 2019. Este pacto fue celebrado entre el Equipo Especial Lava Jato y las filiales peruanas de Odebrecht, además de los colaboradores Jorge Henrique Simões Barata, Ricardo Boleira Sieiro, Renato Ribeiro Bortoletti, y Antonio Carlos Nostre Junior.

La controversia principal se centró en si el acuerdo debía mantenerse en reserva, como lo estipulan el Código Procesal Penal y el Decreto Supremo 007-2017, o si prevalecía el derecho ciudadano al acceso a la información pública.

La Procuraduría de la Fiscalía defendió la confidencialidad del acuerdo, argumentando que su divulgación podría comprometer investigaciones en curso y procesos penales vinculados. Asimismo, explicó que la colaboración eficaz es un proceso que requiere corroboración constante, y la exposición del pacto podría afectar su desarrollo.

En contraposición, el abogado Wilber Medina destacó que en países como Estados Unidos los acuerdos con Odebrecht son públicos, e indicó que el pacto peruano carece de salvaguardas importantes, como cláusulas para evitar que la empresa demande al Estado.

Medina también criticó que Odebrecht, a pesar del acuerdo, presentó en 2020 una demanda contra el Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), exigiendo más de 1200 millones de dólares por la cancelación del contrato del Gasoducto Sur Peruano en 2017.

El fallo del TC marca un precedente importante en la lucha por la transparencia en casos de corrupción. Según Medina, el incumplimiento de la promesa hecha por Rafael Vela Barba, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, de publicar el acuerdo en 2018 debilitó la confianza ciudadana en el sistema judicial.

Este nuevo capítulo obliga a la Fiscalía a enfrentar un debate público sobre la naturaleza de su colaboración con Odebrecht, en medio de críticas sobre el manejo del caso Lava Jato y las responsabilidades asumidas por la constructora.

La publicación del acuerdo será clave para determinar si las condiciones pactadas realmente protegieron los intereses del Estado peruano o, por el contrario, favorecieron a la cuestionada empresa en detrimento del país.