El Tribunal Constitucional (TC) ordenó al Poder Judicial abstenerse de emitir resoluciones que puedan alterar o interferir en el desarrollo del proceso electoral de 2026. La medida se adoptó como parte de una medida cautelar presentada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), luego de una serie de fallos judiciales que, según el organismo electoral, ponían en riesgo la autonomía del sistema democrático.

La decisión del TC busca impedir que jueces constitucionales modifiquen o suspendan etapas del cronograma electoral, al considerar que ello vulnera el principio de preclusión de los procesos democráticos. “Si bien contra las resoluciones del JNE puede admitirse el amparo, los órganos del PJ no poseen la competencia para modificar el cronograma electoral, el cual debe seguir su curso inexorable”, señala el fallo.

Con esta medida, quedan paralizadas las acciones judiciales que pretendían intervenir en las elecciones del 2026, entre ellas las impulsadas por grupos políticos vinculados a Duberlí Rodríguez y Antauro Humala, cuyas aspiraciones quedaron frustradas temporalmente. El TC advirtió que la intervención del Poder Judicial podría “afectar el derecho de los ciudadanos a votar libremente y la estabilidad del sistema democrático”.

La controversia se originó tras el fallo del juez John Paredes, quien admitió una demanda presentada por una agrupación de izquierda que cuestionaba decisiones del JNE sobre la inscripción de partidos. Ese episodio motivó al máximo órgano electoral a presentar una demanda competencial ante el TC para salvaguardar sus atribuciones.

El pronunciamiento del Tribunal Constitucional recuerda antecedentes de conflictos similares, como los ocurridos tras las elecciones generales de 2021, cuando los partidos Apra y PPC denunciaron haber sido excluidos de participar por decisiones administrativas del JNE. En aquella ocasión, el TC también exhortó a respetar la autonomía de los entes electorales y la intangibilidad del calendario electoral.