La posible anulación del caso “Cócteles” en el Tribunal Constitucional habría precipitado la decisión de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez de presentar sus renuncias al Ministerio Público. Ambos enfrentarían un escenario adverso tras la suspensión de la cooperación judicial con Brasil y los cuestionamientos por omisiones en el acuerdo con Odebrecht, especialmente por el caso Rutas de Lima.

Según fuentes judiciales, la salida de ambos fiscales estaría motivada no solo por las crecientes críticas, sino también por la posibilidad de participar en las próximas elecciones parlamentarias. En declaraciones recientes, Pérez afirmó que existe “un riesgo” de vulneración de sus derechos, mientras que Vela denunció ante una ONG que el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, habría actuado con “irrespeto a la autonomía” del equipo Lava Jato.

Las irregularidades en el manejo del caso Odebrecht se habrían agravado tras revelarse que Rutas de Lima fue omitido del acuerdo de colaboración eficaz de 2019, pese a que el exejecutivo Jorge Barata reconoció pagos ilegales durante la gestión de Susana Villarán. En paralelo, en Estados Unidos se detectó un conflicto de interés similar que benefició a la empresa Brookfield Managemente Assesment, vinculada a un exnegociador con Odebrecht.

El abogado Marco Tulio Gutiérrez, especialista en Derecho Electoral, consideró que Vela y Pérez aprovecharán el momento para postular al Congreso. “Tienen visibilidad mediática y un sector dispuesto a respaldarlos, especialmente entre quienes simpatizan con su discurso de persecución política”, señaló. A su juicio, la renuncia de ambos fiscales sería una estrategia de victimización frente al descrédito que arrastra el equipo Lava Jato.

Gutiérrez advirtió además que los plazos para postular vencen el 13 de octubre, por lo que su dimisión sería inminente. “Si no lo hacen ahora, perderán la oportunidad. Se alejan antes de que los procesos colapsen y buscan transformar la crítica en apoyo electoral”, concluyó. Con su salida, el Ministerio Público perdería a los fiscales más mediáticos desde los noventa, recordados por sus intervenciones en el caso Fujimori y por haber impulsado una serie de medidas judiciales luego cuestionadas por el Tribunal Constitucional.