Un reportaje periodístico reveló que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habría ignorado una alerta formal sobre presuntos riesgos de corrupción antes de adjudicar un contrato por S/ 2.3 millones a la empresa Gálaga S.A.C., en el marco de un proceso previo a las Elecciones Generales 2026. La advertencia fue recibida dos meses antes de los comicios por el entonces jefe del organismo, Piero Corvetto, pero terminó siendo archivada.

Según el informe difundido por el programa Cuarto Poder, la alerta fue presentada el 11 de febrero por la empresa AFE, competidora directa en el proceso, que advertía sobre una posible filtración de información privilegiada y direccionamiento en la licitación para el despliegue de material electoral e informático. Pese a ello, el procedimiento continuó sin modificaciones y concluyó con la adjudicación a Gálaga.

El proceso ha sido calificado como “atípico” por especialistas en contrataciones públicas, debido a que las reglas permitieron a los postores conocer primero los resultados de la evaluación técnica. Esto habría dado ventaja a la empresa ganadora, que, tras empatar en el primer lugar, presentó una propuesta económica cercana al tope presupuestal de S/ 2 350 000, superando a su competidor más cercano, que ofrecía un monto significativamente menor.

A ello se sumaron cuestionamientos por la flexibilización de los términos de referencia. Mientras a otras empresas se les exigían estándares más rigurosos, los requisitos técnicos habrían sido ajustados en función de las capacidades de Gálaga. Incluso, otra firma del sector denunció cambios de última hora en las bases del concurso que habrían reducido la competitividad del proceso.

Bajo la lupa del Ministerio Público se encuentra también la participación de funcionarios de la ONPE involucrados en la adjudicación. Entre ellos figura Lilia Flores Bancho, quien validó la buena pro y aprobó modificaciones técnicas clave, como la reducción en los requisitos de las unidades de transporte, un factor que habría resultado determinante en la evaluación final.

Para el abogado penalista Walter Palomino, el hecho de que la empresa ganadora haya presentado una oferta cercana al límite máximo del presupuesto estatal, sumado al conocimiento previo de los puntajes técnicos, constituye un indicio de presunta colusión agravada. En respuesta, la defensa de Gálaga ha negado cualquier irregularidad y sostiene que las condiciones del proceso eran públicas y conocidas por todos los participantes.