Por Alfonso Baella Herrera

Las democracias no colapsan de un día para otro. Se erosionan cuando quienes deben sostenerlas deciden torcer sus principios más básicos. Eso es exactamente lo que hoy está en juego en el Perú.

El presidente Balcázar ha cruzado una línea que no admite matices: ha quebrado el principio de neutralidad en plena contienda electoral. No se trata de una percepción política, sino de un hecho verificable. Al interferir en una decisión estratégica —como la adquisición de los F-16 Block 70— bajo la influencia de actores políticos en competencia, ha convertido el poder presidencial en un instrumento de distorsión electoral.

Ese solo hecho sería suficiente. Pero hay más.

Lo ocurrido revela una falla estructural: la incapacidad del presidente para distinguir entre gobierno y Estado. El gobierno administra; el Estado perdura. El gobierno responde a coyunturas; el Estado fija destino. Alterar una política de defensa en función del calendario electoral no es solo un error: es una irresponsabilidad histórica.

En este punto, la pregunta deja de ser política y se vuelve institucional: ¿puede un jefe de Estado que compromete decisiones estratégicas al vaivén electoral seguir siendo garante del interés nacional? La respuesta, si se toma en serio la idea de República, es no.

Porque en materia de defensa no hay espacio para la improvisación. La continuidad de las decisiones que involucran a la Fuerza Aérea del Perú define la capacidad disuasiva del país, su credibilidad internacional y su posicionamiento geopolítico. Debilitar ese eje en medio de una transición electoral no solo es imprudente: es peligroso y no menos sospechoso. 

Por eso, la salida no puede ser tibia.

El presidente debe dar un paso al costado. No como concesión política, sino como acto de responsabilidad republicana. Permanecer en el cargo, tras haber comprometido la neutralidad y alterado decisiones de Estado, solo prolonga la incertidumbre.

El Congreso de la República enfrenta, en paralelo, su propia prueba de fuego. No está llamado a especular, sino a actuar. Su rol no es acompañar la crisis, sino resolverla dentro del marco constitucional, restableciendo el equilibrio de poderes y garantizando un proceso electoral limpio, creíble y ordenado. Censurar es el camino. 

El argumento del “riesgo de inestabilidad” es, en este contexto, una falacia. La verdadera inestabilidad no proviene de la corrección institucional, sino de la permanencia de un poder que ha dejado de ser confiable.

Las naciones serias no protegen a los gobernantes; protegen las reglas.

El Perú está, una vez más, ante una decisión que definirá su carácter. O tolera que el poder se utilice para inclinar el tablero electoral, o reafirma que incluso en medio de la tensión política existen límites que no se cruzan.

Cuando esos límites se rompen, lo patriótico es actuar.

Y actuar, hoy, es corregir y censurar.