Por Luis García Miró Elguera, publicado en Expreso

En una democracia, la legitimidad del poder político descansa sobre un principio elemental: que el voto ciudadano sea contabilizado con transparencia, trazabilidad y absoluta confianza pública. Cuando este principio sufre, todo el entramado electoral se tambalea. Esto es precisamente lo que ahora ocurre en el Perú, tras las recientes elecciones generales marcadas por denuncias, anomalías estadísticas y un clima de desconfianza que no puede ser ignorado ni minimizado. Y a la falta de limpieza del proceso electoral que seguimos presenciando se suma hoy el irregular conteo de votos que estamos soportando, pletórico de alteraciones y/o adulteraciones.

La ONPE ha organizado unas elecciones que en ningún país serio serían aceptadas. Pero claro, los veedores extranjeros que vinieron para comprobar la “pureza electoral” peruana lo hicieron invitados por sus camaradas rojos peruanos para comer y beber estupendo y pasarla lo mejor posible. Y, al final del día, elaborar un copy-paste del veredicto elaborado por el colega designado para hacerlo.

Entre los hechos comprobados por la prensa no activista peruana está la aparición de un conjunto de actas numeradas de la llamada “serie 900,000”, que ingresaron al sistema de ONPE después de una primera extracción de datos. Según denuncias públicas, esas actas —alrededor de 4,700, conteniendo unos 5,000 nombres cada una— no solo aparecieron tardíamente, sino que todas presentan patrones estadísticos radicalmente distintos a los observados en las mesas contiguas. Mientras los primeros recuentos mostraban diferencias de 20/30 puntos entre los candidatos Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga, en la serie 900,000 aquella brecha se amplió a 40/50 puntos. Peor. La participación electoral en esas mesas alcanzó niveles de 70 a 90%, frente al 35% promedio de las mesas vecinas.

Estas cifras per se no constituyen prueba concluyente de fraude; pero sí significativas anomalías que exigen explicaciones rigurosas. En cualquier democracia madura, variaciones tan abruptas en participación y en resultados inmediatamente activarían urgentes auditorías independientes y también verificación física de actas, padrones y firmas. Acá, en cambio, la respuesta institucional ha sido insuficiente, tardía e insatisfactoria.

La confianza electoral no se preserva con declaraciones genéricas, sino con datos verificables. No basta afirmar que “no hubo fraude”: es necesario demostrarlo mediante auditorías forenses, revisiones de trazabilidad digital, análisis estadísticos independientes y verificación pública de la existencia física de aquellas mesas involucradas. La transparencia no es ningún gesto político; es una obligación democrática.

El problema de fondo es que el Perú llega a este proceso con un sistema electoral cuestionado por años de entredichos, decisiones administrativas mal aplicadas y una creciente concepción de brutal totalitarismo en los órganos encargados de garantizar la limpieza del voto. Cuando el pueblo percibe que las reglas cambian, que las actas aparecen tardíamente o que los resultados cambian sin claridad alguna, la legitimidad del proceso entero queda malversada.

Mientras nuestro sistema electoral continúe incapaz de garantizar, en el día, que cada voto está contado correctamente, la palabra fraude sellará esta elección. La desconfianza solo puede resolverse con transparencia electoral; jamás con zonas grises. Mientras las sombras persistan, nuestra democracia seguirá desangrándose.