Editorial del diario Expreso
Antonio Ramírez Pando, director

El Perú no puede aceptar unas elecciones bajo sospecha. La democracia no se sostiene con comunicados fríos, frases burocráticas ni llamados a “confiar” mientras aparecen indicios graves de manipulación del voto. La confianza no se mendiga: se demuestra. Y hoy la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones tienen la obligación moral, técnica y  política de explicar al país qué ocurrió con las actas cuestionadas y por qué Rafael López Aliaga aparece perjudicado en patrones que no resisten una explicación razonable.

El caso de las actas de la llamada “serie 900,000” es demasiado grave para ser tratado como una simple incidencia administrativa. Según el informe pericial, se han detectado mesas donde López Aliaga registra 0, 1 o 2 votos presidenciales, mientras que, en esas mismas mesas, su agrupación obtiene una votación mayor en el nivel congresal o senatorial. Esa ruptura entre el voto presidencial y el voto legislativo ha sido descrita como una “inconsistencia transversal”, porque quiebra la correlación lógica que normalmente existe entre un candidato presidencial y su lista parlamentaria. El informe identifica 985 mesas bajo este patrón y advierte que la anomalía comprometería decenas de miles de votos.

Esto no es un detalle menor. Si un ciudadano vota por una organización política al Congreso, resulta altamente improbable que, de manera masiva y sistemática, abandone casi por completo al candidato presidencial de esa misma agrupación. Un caso aislado puede explicarse como error. Cientos de mesas con el mismo comportamiento ya no son casualidad: son una señal de alarma.

Aquí no basta decir “no hubo fraude”. Esa frase, repetida sin pruebas, ya no alcanza. La ONPE debe abrir las actas, mostrar las ánforas, transparentar la trazabilidad digital, exhibir los registros de transmisión y permitir una auditoría independiente del sistema informático. El país tiene derecho a saber si el conteo reflejó la voluntad popular o si, por el contrario, hubo una operación destinada a alterar el resultado y favorecer a Roberto Sánchez en perjuicio de Rafael López Aliaga.

Cuando aparecen actas tardías, cifras atípicas, participación electoral inusualmente alta y resultados que contradicen el comportamiento de mesas vecinas, la autoridad electoral no puede esconderse detrás de tecnicismos. Debe dar la cara. Debe explicar. Debe probar. Y si no puede hacerlo, entonces el proceso queda moralmente herido.

Robar un voto no es solo quitarle un número a un candidato. Es robarle la voz a un ciudadano. Es pisotear la soberanía popular. Es convertir la elección en una puesta en escena. Y ningún país que se respete puede permitir que la voluntad de sus ciudadanos sea manipulada en una oficina, en una pantalla o en una mesa de conteo.

El Perú exige verdad. Exige auditoría. Exige responsables. Si todo fue limpio, que lo demuestren abriendo cada acta cuestionada. Pero si hubo manipulación, los autores deben responder ante la justicia y ante la historia.

Porque el voto no se negocia, no se maquilla y no se roba. La democracia peruana no puede seguir respirando entre sombras.