La supuesta afectación de 120,000 votos que habrían favorecido a Rafael López Aliaga en la capital es el eje central de la grave denuncia presentada por Aldo Bravo, virtual diputado de Renovación Popular. En declaraciones ofrecidas al programa "Con el Pie Derecho", conducido por Alfonso Baella Herrera en la señal de Bethel Radio 100.1 FM, Bravo explicó que una auditoría en Lima identificó a 600,000 personas impedidas de ejercer su derecho al voto.

Según su análisis, bajo un cálculo conservador del 20% de intención de voto para su agrupación, esa cantidad de sufragios perdidos habría cambiado drásticamente el escenario político actual, evitando la posición de ventaja de otros candidatos.

Bravo calificó el proceso electoral como "turbio", señalando que la ONPE ha causado una profunda desazón en todo el Perú al violentar el derecho fundamental de elegir libremente a las autoridades. El virtual legislador advirtió que la crisis no se limita a la capital, pues existen otras auditorías que sugieren que hasta 6 millones de peruanos podrían haber sido afectados a nivel nacional. Para el representante de Renovación Popular, estas cifras representan una tragedia para la democracia y evidencian una manipulación que impidió un resultado electoral transparente y fiel a la voluntad popular.

La responsabilidad de estos hechos fue atribuida directamente a Piero Corvetto, titular de la ONPE, a quien Bravo acusó de manejar la institución con sesgos ideológicos marcados. El invitado criticó severamente la gestión administrativa, mencionando que no es aceptable que, en medio de cuestionamientos tan graves, el gerente general de la institución opte por salir de vacaciones. Para Bravo, estas acciones demuestran un desprecio por la transparencia y una actitud "vil" por parte de los altos mandos del organismo electoral frente a las quejas de la ciudadanía.

Durante la entrevista en los 100.1 FM de Bethel Radio, se denunció la implementación de lo que Bravo llamó el "Plan Corvetto", una supuesta adaptación del "Plan Morrocoy" utilizado en Venezuela, país donde Corvetto habría actuado como garante. Según esta versión, la estrategia consistió en ralentizar intencionalmente el flujo en los centros de votación y generar obstáculos logísticos para cansar a los electores. El objetivo, según el denunciante, fue afectar específicamente las mesas donde la derecha tenía una victoria asegurada, impidiendo así que miles de peruanos sumaran sus votos a la causa de López Aliaga.

Finalmente, Aldo Bravo insistió en que el país no debería estar atravesando la actual incertidumbre si el proceso se hubiera llevado a cabo de manera limpia. El virtual diputado enfatizó que el daño causado por la gestión de Piero Corvetto ha dejado una herida abierta en la confianza institucional del Perú. Con este panorama, Renovación Popular sostiene que las irregularidades detectadas en su auditoría son prueba suficiente de un sistema diseñado para entorpecer el voto ciudadano y alterar el equilibrio de fuerzas políticas en el Congreso y la presidencia.