A menos de dos semanas de los comicios generales, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, enfrenta una serie de denuncias y cuestionamientos que han marcado la recta final de su campaña. Diversas acusaciones lo vinculan con presuntos actos irregulares tanto en su desempeño político como en su gestión pública.

Entre los señalamientos más relevantes figura su presunta influencia en decisiones parlamentarias que habrían favorecido a la minería ilegal. La congresista Diana Gonzales, vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, sostuvo que el candidato habría promovido iniciativas como la ampliación del Reinfo, facilitando la continuidad de actividades ilícitas asociadas a delitos como el lavado de activos y la trata de personas.

Un reportaje del programa Cuarto Poder también expuso antecedentes y decisiones del aspirante presidencial que contrastarían con su discurso político. Entre ellas, la presentación de un proyecto de ley que proponía regular la denominada “minería con prácticas ancestrales”, lo que generó críticas por flexibilizar controles sobre el uso de explosivos.

Otra de las denuncias proviene de un exmilitante del partido, quien aseguró que aportes económicos de candidatos en procesos electorales anteriores no habrían sido transparentados. Según el testimonio, los fondos —que superarían el millón de soles— habrían sido depositados en cuentas vinculadas a familiares del candidato, lo que motivó investigaciones del Ministerio Público por presunta administración fraudulenta.

Asimismo, un informe del programa Contracorriente reveló presuntas contrataciones de allegados políticos en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo durante la gestión de Sánchez como titular del sector. Estas vinculaciones habrían incluido asesorías con altos sueldos pese a cuestionamientos sobre la experiencia de los contratados.

En paralelo, investigaciones fiscales alcanzan a exfuncionarios de su gestión por supuestas prácticas de recorte de sueldos a trabajadores, además de cuestionamientos por el uso de recursos públicos para gastos personales, como consumos en restaurantes y otros servicios cargados al presupuesto institucional.

Las críticas también se extienden al plano político. El ex primer ministro Yehude Simon calificó a Sánchez como un riesgo para el país, mientras que figuras como Juan Sheput cuestionaron su cercanía con sectores vinculados al expresidente Pedro Castillo y su alianza con Antauro Humala, lo que añade presión a una candidatura que llega a la etapa decisiva en medio de un clima de alta controversia.