El abogado penalista Carlos Caro Coria señaló que las investigaciones en torno al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto, deberían centrarse principalmente en el proceso de contratación del proveedor encargado de la distribución de material electoral, al considerar que existen indicios relevantes que podrían configurar un delito de colusión.

Durante una entrevista en el programa “Con el Pie Derecho”, conducido por Alfonso Baella Herrera en Bethel Radio 100.1 FM, el especialista sostuvo que el punto crítico no radica en los delitos inicialmente mencionados, sino en la adjudicación a una empresa que —según indicó— no contaba con la capacidad operativa necesaria para asumir una tarea de gran escala en un plazo reducido.

Caro Coria cuestionó que dicha empresa, que habría presentado una propuesta económica menor que otras competidoras como Hermes, resultara ganadora pese a contar con apenas 13 trabajadores en planilla y antecedentes de sanciones. Según explicó, el encargo implicaba movilizar más de 400 unidades para distribuir material electoral en más de 2,000 puntos en Lima en apenas dos días.

Desde el punto de vista penal, el jurista descartó que se trate de una simple negligencia o error administrativo, y afirmó que los hechos ameritan una investigación por presunta colusión. En esa línea, sostuvo que el Estado tiene la obligación de contratar al proveedor más idóneo, especialmente en un proceso electoral que exige altos estándares de transparencia.

Asimismo, indicó que Corvetto, en su calidad de jefe de la ONPE, tiene responsabilidad en la supervisión del proceso y no puede deslindar responsabilidades únicamente en áreas técnicas. En ese sentido, consideró que el funcionario debe colaborar con las investigaciones fiscales para esclarecer los detalles de una contratación que, a su juicio, presenta serias irregularidades.