El abogado penalista Carlos Caro Coria sostuvo que la comisión anunciada por el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, para formular propuestas en un plazo de 30 días hábiles debe enfocarse en realizar una evaluación estrictamente técnica de las normas vinculadas a la lucha contra la criminalidad. Durante una entrevista en el programa Con el Pie Derecho, de Alfonso Baella Herrera, emitido por Bethel Radio 100.1 FM, señaló que el análisis debe apoyarse en estadísticas y datos concretos.

Caro Coria consideró necesario determinar, entre otros aspectos, si las modificaciones legislativas han generado más o menos encarcelamiento y si han tenido algún efecto favorable o desfavorable sobre la criminalidad. En esa línea, sostuvo que la Fiscalía y la Policía cuentan con información que puede servir para medir el impacto real de las normas. “Hay que ir a las estadísticas, a los números”, afirmó.

El penalista cuestionó que el debate sobre las políticas contra el crimen haya estado dominado por narrativas y eslóganes, en lugar de una evaluación de resultados. Señaló que la comisión debe analizar los cambios legislativos “más allá de lo político” y establecer con evidencia si determinadas normas efectivamente han contribuido a combatir la delincuencia o han producido consecuencias distintas a las esperadas.

Como ejemplo, Caro Coria se refirió a las modificaciones realizadas a las leyes de extinción de dominio después de una sentencia del Tribunal Constitucional. Recordó que se generó un discurso según el cual los casos de extinción de dominio se iban a caer y que los bienes vinculados al crimen regresarían a sus propietarios. Sin embargo, afirmó que, desde la modificación de la norma hasta la actualidad, los procesos no se han caído como se llegó a advertir.

En ese sentido, sostuvo que también corresponde evaluar técnicamente los efectos que han tenido las sentencias del Tribunal Constitucional y las posteriores modificaciones legislativas. Caro Coria remarcó que los jueces no deben ser considerados recaudadores de dinero por los bienes recuperados mediante extinción de dominio, sino que su función es determinar si corresponde aplicar esta figura cuando un bien está vinculado con actividades criminales. Para el especialista, este tipo de análisis debe marcar la pauta de la comisión y reemplazar los discursos de temor por evidencia y resultados.