La municipalidad del centro poblado Relave, en coordinación con el Frente de Defensa local y la Asociación AMAARPPA, tomó una drástica decisión al exigir a los ciudadanos extranjeros que abandonen la comunidad en un plazo de 24 horas. Esta medida, adoptada tras una reunión el 9 de diciembre, incluye severas sanciones económicas para quienes incumplan las nuevas disposiciones.

El acuerdo prohíbe contratar extranjeros o alquilarles viviendas, bajo pena de multas de S/ 3,000. Además, las empresas mineras que empleen ciudadanos extranjeros enfrentarán multas similares y podrían sufrir el cierre temporal de sus operaciones por 15 días.

La medida surge en respuesta a denuncias sobre violencia y extorsión supuestamente vinculadas a extranjeros, particularmente venezolanos. Según el comunicado difundido por Exitosa, estas acciones buscan salvaguardar la seguridad de los residentes.

“Hay familias que están siendo extorsionadas y amenazadas de muerte por unos extranjeros venezolanos. Este acuerdo es para proteger a los pobladores”, reza el texto del acta municipal.

En el Perú residen aproximadamente 1.5 millones de venezolanos, pero estadísticas de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) muestran que solo el 0.15% ha sido denunciado por delitos. Asimismo, el 1.9% de los internos en las cárceles peruanas son venezolanos, de los cuales el 40% ya tiene una sentencia. Estas cifras contrastan con la percepción generalizada de que la población migrante es responsable del aumento de la inseguridad.

La acción en Relave se da en un contexto de restricciones migratorias más amplias implementadas por el Ejecutivo de Dina Boluarte. En octubre, el gobierno aprobó un decreto que obliga a arrendadores y hospedajes a registrar a extranjeros en una plataforma de Migraciones, bajo amenaza de multas de hasta 2 UIT (S/ 10,300).

Sin embargo, expertos han calificado estas sanciones como discriminatorias e impracticables, argumentando que no atacan las causas de la criminalidad. Organismos internacionales también han señalado que la vinculación generalizada entre migración y delincuencia puede estigmatizar injustamente a los migrantes.

La medida tomada por Relave genera preocupación sobre posibles violaciones a derechos humanos y discriminación. Aunque el Ejecutivo impulsa ajustes para regularizar la situación migratoria, como contratos de trabajo y alquiler, declaraciones pasadas de Boluarte han reforzado estigmas al vincular directamente a migrantes con el crimen organizado.

Por su parte, los residentes de Relave defienden la decisión como una acción necesaria frente a la inseguridad, mientras que organizaciones humanitarias piden cautela y soluciones integrales para evitar la xenofobia y la vulneración de derechos básicos.