Al cumplirse 23 años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), cerca de 1,500 ciudadanos remitieron una carta abierta dirigida a la presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi. En el documento, los firmantes exhortan al Poder Ejecutivo a conformar una Comisión Revisora encargada de corregir el contenido de dicho informe, argumentando que este no refleja con exactitud la historia del periodo de violencia ocurrido en el Perú entre los años 1980 y 2000.

Los suscritos señalan que, tras más de dos décadas de análisis crítico, se han evidenciado deficiencias en las bases teóricas, imprecisiones y vacíos en el documento emitido en 2001. Entre las principales objeciones planteadas destacan el supuesto sesgo ideológico en la composición original de la CVR, la falta de expertos en seguridad nacional y lucha antisubversiva, y la inconformidad con la denominación de "conflicto armado interno", postura que, según afirman, contraviene pronunciamientos de organismos internacionales como las Naciones Unidas y la OEA que calificaron el accionar de Sendero Luminoso y el MRTA como actos terroristas y genocidas.

Asimismo, el documento cuestiona la metodología aplicada para estimar la cifra total de fallecidos y desaparecidos en 69,280 personas, contrapuesta a la cifra registrada oficialmente de 23,969 víctimas. De igual modo, sostienen que el informe de la CVR minimizó el impacto económico, social y moral provocado por la destrucción de infraestructura a manos de las organizaciones terroristas, al tiempo que atribuyen al informe consecuencias jurídicas que derivaron en procesamientos judiciales prolongados para miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Frente a este escenario, la iniciativa ciudadana propone que la Comisión Revisora sugerida esté integrada por profesionales e intelectuales sin sesgo ideológico, respaldados por especialistas de diversos sectores del Estado que participaron activamente en el proceso de pacificación nacional. La tarea principal de este grupo sería realizar una evaluación imparcial de las conclusiones de la CVR para proceder con las rectificaciones históricas correspondientes.

Finalmente, la solicitud contempla la reestructuración y reorganización de los contenidos informativos exhibidos en el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM). Para este propósito, se plantea incluir dentro de la estructura orgánica del LUM a un representante designado por las Fuerzas Armadas y a otro por la Policía Nacional del Perú, con el objetivo de integrar la visión de las fuerzas del orden en la memoria histórica del país.

DESCARGA AQUÍ LA CARTA ABIERTA A LA PRESIDENTA KEIKO FUJIMORI: