El despido de la profesora Doris del Rosario Vera de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) ha generado una fuerte polémica académica y política. Según diversas versiones, la catedrática habría sido separada de su cargo luego de pronunciarse de manera crítica y directa sobre el terrorismo en el Perú, en especial sobre el cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, a quien calificó como genocida.

Vera también recordó que Guzmán fue catedrático de Filosofía en la Universidad de Huamanga y que varios de sus primeros seguidores fueron alumnos de dicha institución.

La decisión de las autoridades universitarias ha sido duramente cuestionada por sectores que defienden la libertad de cátedra y expresión. Para algunos docentes y analistas, la medida tomada por el rector Alfonso López Chau, quien también es precandidato presidencial y se identifica como “socialista democrático”, refleja una postura ideológica que limitaría el debate académico y la discusión abierta sobre hechos históricos recientes como el terrorismo que azotó al país en las décadas pasadas.

En opinión de quienes critican el despido, la UNI debería ser un espacio donde se fomente la reflexión crítica y se pueda hablar abiertamente sobre el pasado violento del país, precisamente para evitar que los errores se repitan. Advierten que el silencio o la censura en torno a temas como el accionar de Sendero Luminoso puede convertirse en una forma de encubrimiento y, por lo tanto, contribuir a la desinformación de las nuevas generaciones.

Además, recuerdan que tanto la Constitución de 1993 como la Ley Universitaria garantizan el derecho de los docentes a opinar sobre la realidad nacional, dentro del marco del respeto y el debate académico. Por ello, el caso de la profesora Vera ha sido presentado por algunos como un ejemplo preocupante de intolerancia ideológica en las universidades públicas.

Diversos docentes y ciudadanos han expresado su solidaridad con la profesora afectada, señalando que su separación constituye una falta grave a la libertad académica. Aseguran que hablar con la verdad sobre el terrorismo en el Perú no solo es un derecho, sino una responsabilidad ética e histórica.