La renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales ha abierto un intenso debate jurídico y político sobre su legalidad, luego de que la Junta Nacional de Justicia decidiera aceptarla en medio del desarrollo del proceso electoral.

La medida se produce tras una serie de cuestionamientos por fallas logísticas durante la jornada del 12 de abril, que afectaron a miles de votantes.

Una de las posturas críticas sostiene que la renuncia no era procedente en este contexto. Diversas voces han recordado que la Ley Orgánica de la ONPE establece la irrenunciabilidad del cargo durante un proceso electoral, por lo que consideran que la decisión de aceptar la dimisión resulta “insólita”. En esa línea, algunos especialistas han señalado que lo más adecuado hubiera sido una suspensión, en lugar de convalidar la salida del funcionario.

En contraste, la especialista en derecho electoral Silvia Guevara Pérez sostiene que sí existe un margen legal para la renuncia. Según explicó, el propio artículo 10 de la norma contempla una excepción cuando hay un impedimento debidamente fundamentado. A su juicio, la cadena de errores registrados en los comicios podría encajar en ese supuesto, lo que permitiría validar la decisión adoptada por Corvetto.

Guevara también indicó que, desde una perspectiva jurídica, la renuncia podría ser incluso la salida “ideal” en un escenario de crisis institucional, aunque reconoció que no existe una solución perfecta. En ese contexto, enfatizó que la prioridad debe ser garantizar la continuidad del servicio electoral y evitar un vacío en la conducción del organismo.

Respecto a la sucesión, la especialista precisó que, ante la salida del jefe de la ONPE, corresponde que el gerente general asuma el cargo de manera provisional. Actualmente, esa función recae en Bernardo Juan Pachas Serrano. Mientras tanto, el debate sobre la legalidad de la renuncia y su impacto en la legitimidad del proceso electoral continúa marcando la agenda pública.