El Congreso aprobó la inhabilitación por diez años para ejercer cargos públicos contra la exfiscal de la Nación Delia Espinoza, luego de que un pedido de reconsideración revirtiera la votación inicial registrada horas antes. Con 71 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones, el Pleno validó finalmente el informe elaborado por la Comisión Permanente, que no pudo participar en esta votación al haber aprobado previamente la acusación. El mínimo requerido para concretar la medida era 68 votos.

Durante la mañana, en una votación separada, el Parlamento había respaldado el punto del informe final que acusaba a Espinoza por los presuntos delitos de usurpación de función pública, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica. Al levantarse su fuero, la exfiscal queda expuesta a ser procesada por el Ministerio Público, lo que abre un escenario penal que podría prolongarse en los próximos meses. Según lo establecido en el documento parlamentario, las imputaciones se basan en la presunta negativa de aplicar la Ley 32130, que asigna un rol operativo central a la Policía Nacional en las investigaciones penales.

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, informó que el expediente será enviado a la Fiscalía de la Nación para los trámites correspondientes. La acusación recoge que Espinoza, integrando la Junta de Fiscales Supremos, respaldó una disposición que dejó sin aplicación la norma aprobada por el Parlamento, pese a que el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda que buscaba anularla. Para los legisladores impulsores del proceso, este acto constituyó una infracción constitucional al limitar facultades reconocidas a la Policía Nacional en el Código Procesal Penal modificado.

Jorge Montoya, encargado de sustentar la denuncia, señaló que la actuación de Espinoza vulneró principios legales y afectó la distribución funcional entre policías y fiscales en etapas preliminares de investigación. El informe señala que la norma indicaba que la Policía debía asumir la conducción operativa en el terreno, mientras que el Ministerio Público debía guiar la conducción jurídica del caso para asegurar las garantías procesales. La decisión política alcanzada este miércoles consolida la sanción más severa prevista en este tipo de procedimientos parlamentarios: la inhabilitación prolongada.

Antes de la votación final, Espinoza tomó la palabra y calificó el proceso como arbitrario, abusivo y con motivaciones políticas. Afirmó que se vulneraron sus derechos fundamentales y advirtió que llevará el caso a instancias internacionales, alegando que se trató de una actuación que “pisoteó el Estado constitucional de derecho”. La exfiscal insistió en que no se trató de una decisión jurídica, sino de una represalia contra su gestión al frente del Ministerio Público.

Espinoza cerró su intervención asegurando que este no será su retiro definitivo de la vida institucional. “Tarde o temprano voy a regresar”, dijo ante el Pleno, señalando que continuará defendiendo su posición y denunciando lo que considera un uso indebido del poder parlamentario. El debate, transmitido en vivo y seguido de cerca por actores políticos y judiciales, marca uno de los episodios más tensos entre el Congreso y el Ministerio Público en los últimos años.