El Gobierno del presidente José María Balcázar declaró el estado de emergencia en Lima Metropolitana y en la Provincia Constitucional del Callao por un plazo de 30 días calendario, con el objetivo de hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 027-2026-PCM, publicado en edición extraordinaria de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Durante la vigencia de la disposición, la Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Asimismo, será la institución policial la encargada de determinar las zonas de intervención sobre la base de información de inteligencia, indicadores, estadísticas y mapas del delito, entre otros instrumentos técnicos.

El decreto establece la restricción o suspensión de derechos constitucionales vinculados a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales, en el marco de lo previsto por la Constitución para este tipo de medidas excepcionales.

En cuanto a actividades religiosas, culturales, deportivas y otros eventos masivos de carácter público, se deberá solicitar autorización previa ante las autoridades competentes para su evaluación. Las actividades que no tengan carácter masivo podrán desarrollarse sin necesidad de permiso previo.

La intervención de la Policía y de las Fuerzas Armadas se realizará conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N.° 1186, que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía, y el Decreto Legislativo N.° 1095, que establece las reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, además de su reglamento y demás normativa vigente.

Adicionalmente, se declaró en sesión permanente al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), al Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Lima Metropolitana, al Comité Provincial de Seguridad Ciudadana del Callao y al Consejo Nacional de Política Criminal, mientras dure el estado de emergencia. La norma lleva las firmas del presidente Balcázar; de la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles; y de los ministros Luis Arroyo, Hugo Begazo, Gerardo López, Luis Jiménez y Aldo Prieto.