Por Alejandro Navas, sociólogo
Publicado en Diario de Navarra

"Los trabajadores alemanes dedican el 22 % de su tiempo a tareas burocráticas reclamadas por las diversas regulaciones, nacionales o europeas"

Las calles de Berlín han acogido manifestaciones populares de lo más variado, pero el 29 de enero presenciaron un espectáculo poco habitual: una marcha de empresarios, que protestaban contra el “tsunami regulatorio”. Según declaraban los manifestantes, la incontinencia legislativa, traducida en una insoportable carga burocrática, amenaza la viabilidad de muchas empresas. Llevan años quejándose pero, ante la falta de eco a sus reiteradas denuncias, los empresarios no ven más remedio que salir a la calle. Al menos, así pueden dar cauce a su indignación (antes de trasladarse al extranjero, como muchos de ellos tienen previsto hacer). Dos años dura ya la recesión económica en Alemania. La antigua locomotora europea está a punto de convertirse en vagón de cola. Algunas de las causas de esta decadencia vienen de atrás, pero de otras es responsable el hasta ahora gobierno de coalición formado por socialistas, verdes y liberales. Estos últimos, socio minoritario, no han podido impedir una marcada impronta socialista y woke en la política económica, que mira a las empresas con desconfianza rayana en hostilidad (de modo especial en ámbitos como la banca, el automóvil o el armamento). La animadversión hacia el sector privado se expresa en una legislación controladora y fiscalizadora, que sale muy cara a las empresas.

Según una reciente encuesta a directivos, los trabajadores alemanes dedican el 22 % de su tiempo a tareas burocráticas reclamadas por las diversas regulaciones, nacionales o europeas. Se estima que el gasto así originado asciende a 150.000 millones de euros. El 80 % de las empresas se ve obligado a contratar asesores o consultores externos para cumplir las exigencias legales. No sorprende que en Bruselas hayan prosperado gestores que ayudan a tramitar ayudas de la Unión Europea (toda nueva demanda estimula la aparición de la correspondiente oferta para satisfacerla). Como es lógico, las pymes sufren especialmente, pues carecen de los recursos de las grandes empresas a la hora de lidiar con esa burocracia.

Los gobiernos nacionales y la Unión Europea son conscientes de la magnitud del problema. La Comisión acaba de presentar la Brújula de la Competitividad, una hoja de ruta para recobrar el dinamismo e impulsar el crecimiento económico, basada en gran parte en el informe de Mario Draghi sobre el futuro de la competitividad europea. Cientos de páginas, transidas de jerga tecnocrática. Se habla de “cinco facilitadores horizontales para la competitividad”, el primero de los cuales es la simplificación. Toda ufana, la Comisión anuncia en su página web que “ha establecido objetivos ambiciosos para reducir los requisitos de información en al menos un 25 % para todas las empresas y al menos un 35 % para las pymes y, en última instancia, ampliar estas reducciones a todos los tipos de carga administrativa. Un esfuerzo de simplificación de la UE sin precedentes, cuyo objetivo es fomentar el dinamismo empresarial y atraer inversiones adicionales a Europa”.
 
Resulta fácil elaborar el diagnóstico, otra cosa es acertar con el tratamiento. Formular de modo solemne los mejores deseos cuesta muy poco. Los afectados desconfían de la capacidad -y antes, de la voluntad real- de la Comisión para implementar esos planes. Se está comprobando estos días, con la tramitación de la AI Act, acompañada del Code of practice. Todos reconocen que se trata de un sector crucial, y que Europa deberá hacer un esfuerzo ímprobo para superar el retraso con Estados Unidos y China. Sin embargo, como señala -entre otros- Svenja Hahn, eurodiputada liberal y corredactora del proyecto de ley, una vez más se impone el ánimo controlador, que va a sofocar toda iniciativa. Parece que somos incapaces de aprender. En la naturaleza de la burocracia está la tendencia a la expansión: más recursos, más empleados, más competencias, más control… Esa dinámica se complementa en Europa con una población obediente. Como explica el economista suizo Bruno Frey, “los ciudadanos (él habla de sus compatriotas, pero vale también para los europeos en general) se han vuelto individualistas, egoístas incluso. Buscan seguridad por encima de todo y agradecen que el Estado se encargue de la gestión de sus vidas”. Encaja en ese contexto la inclinación de los jóvenes españoles -con el estímulo de sus padres- por opositar a plazas en la administración pública: estabilidad, sueldo decente y poco trabajo.

Nikolaus Lobkowicz fue Rector de la Universidad Ludwig-Maximilian (Munich) en los años ochenta. Cuando la burocracia educativa empezaba su marcha triunfal, escribió a los profesores de la Universidad: “Lamento que los docentes se vean abrumados por decretos ministeriales, regulaciones y normativas, que les apartan de la investigación y de la debida preparación de las clases. Por tanto, recomiendo a los colegas que en lo sucesivo tiren a la papelera sin leerlos todos los papeles que reciban del Ministerio de Educación”. El Estado de hoy, crecido y sofisticado, no permitiría un gesto de rebeldía como ese, pero necesitamos líderes con un poco de talante a lo Lobkowicz. Urge someter a esa burocracia desbocada.