La inseguridad ciudadana se ha convertido en una de las principales preocupaciones en el Perú, afectando tanto la calidad de vida como el desarrollo económico del país. Según el INEI, al tercer trimestre del 2024, más de la mitad de los hogares peruanos identificó la delincuencia como uno de los problemas más graves, solo superado por la corrupción. El aumento de las extorsiones, robos y amenazas, sumado a la insuficiencia de recursos para combatir el crimen, anticipa niveles de inseguridad cada vez más críticos.

Desde el 2019, las denuncias por extorsión por cada 100,000 habitantes se han incrementado en todas las regiones del país, multiplicándose por seis a escala nacional. En particular, La Libertad es la región más afectada, con un número de denuncias por extorsión cuatro veces mayor que en el 2019. La extorsión golpea principalmente a comerciantes, transportistas y microempresarios. Según la Asociación de Bodegueros del Perú, más de 13,000 bodegas fueron víctimas de extorsión en el 2023, lo que pone en riesgo la operatividad y el crecimiento de mypes. En esa línea, Videnza Instituto estima que los pequeños negocios en Lima Metropolitana pierden casi medio millón de soles diarios debido a extorsiones, robos y amenazas. Además, el BCRP calcula que las pérdidas generadas por la criminalidad representan el 2.8% del PBI.

Paradójicamente, mientras la proporción de la población peruana víctima de algún hecho delictivo aumentó de 18.3% a 27.7% entre el 2021 y 2024, el presupuesto en términos reales del Ministerio del Interior (Mininter) se redujo en más de 18% entre el 2019 y 2025. Esta disminución limita la modernización de la infraestructura policial y la adquisición de equipamiento necesario para enfrentar el crimen. Con menos recursos y una criminalidad en ascenso, la seguridad en el país enfrenta uno de sus momentos más críticos.

Las severas limitaciones de recursos para combatir el crimen se reflejan en la falta de equipamiento y la precariedad de la infraestructura policial. En el 2023, solo el 25% de las comisarías a escala nacional tenían una radio portátil, cifra que llega hasta 4% en Moquegua. La situación es aún peor con los GPS, disponibles solo en 4% de las comisarías a nivel nacional. En cuanto a computadoras, motocicletas y camionetas –aunque la mayoría de las comisarías las poseen–, una parte significativa no está operativa. Por ejemplo, el 58% de las motos están en funcionamiento, pero este porcentaje baja a 17% en el Callao. Situación similar ocurre con las camionetas operativas, donde el promedio nacional (57%) cae hasta 28% en Tumbes.

A esto se suman las deficiencias en infraestructura. Menos de la mitad de las comisarías del país cuenta con el certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones, requisito fundamental para garantizar la seguridad estructural de los establecimientos. Además, la modernización o ampliación de las comisarías enfrenta obstáculos administrativos: solo un tercio cuenta con saneamiento a nivel de titularidad, lo que dificulta la inversión en mejoras.

La escasez de personal policial agrava aún más la crisis. El número de policías por cada 100,000 habitantes en el Perú se redujo de 170 en el 2019 a 155 en el 2023, quedando por debajo del estándar recomendado por la ONU (180 policías) y de países vecinos como Chile (232 policías), que cuenta con un 49% más de efectivos en proporción a su población. Este déficit de personal limita no solo la presencia policial en las calles, sino también la capacidad de reacción y prevención ante hechos delictivos.

Para revertir la crisis de inseguridad, es fundamental una respuesta integral que fortalezca a la policía y a las instituciones del sistema de justicia. En parte, esta estrategia implica optimizar los recursos asignados al Mininter e impulsar el aumento del número de efectivos policiales. Además, resulta clave mejorar la infraestructura y el equipamiento de las comisarías mediante mayor inversión privada, a través de mecanismos de cooperación entre el sector público y privado como obras por impuestos y asociaciones público-privadas.