El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, confirmó que el Ministerio Público ha iniciado formalmente diligencias preliminares contra el presidente José Jerí, tras la difusión de reuniones no registradas oficialmente con el empresario chino Zhihua Yang. El magistrado precisó que las actuaciones se desarrollarán bajo estricta reserva, en atención a la investidura del cargo que ocupa el mandatario.

En declaraciones al programa Contra Corriente de Willax Televisión, Gálvez señaló que la Fiscalía comenzó a trabajar en el caso desde el martes posterior a las revelaciones difundidas en programas dominicales. Indicó que el inicio de las diligencias no fue inmediato en el plano público debido a la naturaleza del proceso y a la necesidad de evitar interferencias externas.

El fiscal explicó que la investigación se ha organizado en dos frentes. Por un lado, una fiscalía provincial anticorrupción, a cargo de la doctora Diana Paico, investiga a los ciudadanos particulares presuntamente involucrados. Por otro, la Fiscalía de la Nación conduce directamente las diligencias relacionadas con el presidente, en virtud de las prerrogativas constitucionales que amparan al jefe de Estado.

Gálvez recordó que la actuación del Ministerio Público se rige por los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional, los cuales permiten investigar a un mandatario en funciones sin avanzar a una etapa de acusación. En ese marco, subrayó que el proceso debe ejecutarse con especial cautela para no vulnerar la investidura presidencial ni el equilibrio institucional.

“El Tribunal Constitucional se pronunció concluyendo que sí se puede investigar, pero solo realizando determinadas diligencias que respeten la majestad de la institución de la presidencia de la República”, afirmó el fiscal, al remarcar que el respeto a la institución es un principio rector en este tipo de actuaciones.

Finalmente, Gálvez sostuvo que la reserva del proceso busca evitar que las diligencias sean utilizadas con fines mediáticos o políticos. Añadió que el Ministerio Público debe actuar con sobriedad, evitando medidas invasivas innecesarias, como intervenciones forzadas en recintos oficiales, siempre que se garantice la obtención de los elementos de convicción necesarios para el esclarecimiento de los hechos.