La Fiscalía de la Nación dispuso la desactivación de cuatro equipos especiales de fiscales que venían investigando algunos de los casos más conocidos de los últimos años, entre ellos Lava Jato, Los Cuellos Blancos del Puerto y presuntas violaciones de derechos humanos durante las protestas sociales. La información fue resaltada por el abogado penalista Carlos Caro Coria a través de sus redes sociales.

Uno de los equipos desactivados es el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales, creado mediante la Resolución N.° 790-2023-MP-FN, encargado de investigar muertes y lesiones ocurridas en el contexto de manifestaciones y enfrentamientos con fuerzas del orden. Este grupo había sido conformado con el objetivo de centralizar y agilizar investigaciones de alto impacto social.

También fue desactivado el Equipo Especial de Fiscales avocados al caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, establecido por las resoluciones de la Fiscalía de la Nación N.° 1550-2019-MP-FN y 2091-2023-MP-FN. Este equipo tenía a su cargo uno de los mayores escándalos de corrupción judicial en el país, que involucró a jueces, fiscales y altos funcionarios del sistema de justicia.

La medida alcanza igualmente al Equipo Especial de Fiscales dedicado en exclusividad a las investigaciones por corrupción de funcionarios vinculadas a la empresa Odebrecht y otros casos conexos, creado mediante la Resolución N.° 5050-2016-MP-FN. Dicho equipo fue clave en el avance de procesos contra expresidentes, exministros y grandes proyectos de infraestructura.

Asimismo, se dispuso la desactivación del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder, conformado por la Resolución de la Fiscalía de la Nación N.° 1313-2022-MP-FN. Este grupo investigaba presuntas redes de corrupción al más alto nivel del aparato estatal y había sido presentado como un instrumento para enfrentar estructuras criminales enquistadas en el poder político.

Hasta el momento, el Ministerio Público no ha detallado públicamente cómo se reorganizarán las investigaciones que estaban a cargo de estos equipos ni qué fiscalías asumirán los expedientes en curso. La decisión ha generado preocupación en sectores legales y ciudadanos, que advierten el riesgo de retrasos, fragmentación de casos y debilitamiento de investigaciones emblemáticas.