El fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, se pronunció sobre la conversación que sostuvo el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, con uno de los detenidos por el secuestro y cuádruple asesinato ocurrido en Trujillo. El titular del Ministerio Público consideró que la intervención del integrante del Ejecutivo “no es pertinente”, debido a que podría entorpecer el desarrollo de la investigación, aunque descartó que necesariamente constituya un acto ilegal.

En diálogo con un medio local, Gálvez explicó que debe diferenciarse entre una declaración formal de un detenido y una entrevista o conversación previa. Señaló que, en una declaración oficial, el fiscal tiene participación directa y dirige la diligencia junto con el efectivo policial encargado de la investigación. En cambio, una conversación previa no necesariamente reúne las mismas formalidades ni tiene el mismo valor dentro del proceso.

Consultado sobre la presencia de Belaunde durante dicha conversación, el fiscal de la Nación fue enfático al señalar que no la considera pertinente. “Que sea buena, que corresponda, ¿que sea pertinente?, no lo es, definitivamente, porque como te digo, se puede entorpecer la propia secuela de la investigación”, sostuvo Gálvez, quien añadió que este tipo de intervención puede perturbar el desarrollo de las pesquisas.

Sin embargo, Gálvez marcó distancia de la posibilidad de que la actuación del ministro constituya, por sí misma, un delito. Explicó que no observa una prohibición que impida a un ministro conversar con un detenido en presencia de autoridades policiales. “No veo que configure delito o sea propiamente ilegal”, precisó, aunque aclaró que una conversación de ese tipo no debe ser considerada parte de las diligencias formales de investigación.

Respecto a la versión de que los detenidos habrían firmado actas reconociendo su participación en los hechos, el fiscal de la Nación indicó que no podía confirmar dicha información con precisión. Señaló que un eventual reconocimiento informal ante el comandante general, un funcionario o el instructor policial no constituye necesariamente una diligencia propia de la investigación y, por tanto, no tendría el mismo valor que una declaración oficial. Gálvez reiteró así que el cuestionamiento a la intervención de Belaunde está relacionado principalmente con su pertinencia y el riesgo de afectar las pesquisas, mas no con que necesariamente haya incurrido en una conducta ilegal.