La Presidencia de la República destacó la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N.° 1723, una norma que impone nuevas obligaciones a las empresas de telecomunicaciones con el objetivo de garantizar la trazabilidad de las llamadas y mensajes de texto en todo el país. La medida busca cerrar espacios al anonimato en las comunicaciones y fortalecer la lucha contra estafas, extorsiones y otras modalidades delictivas que afectan a miles de usuarios.

Desde el Ejecutivo se señaló que la disposición marca un punto de quiebre en el control de las redes telefónicas, al exigir que cada llamada y SMS tenga un origen plenamente identificable. Según las autoridades, esta exigencia permitirá reducir prácticas como la suplantación de identidad y el uso de números falsos, mecanismos que han facilitado delitos mediante comunicaciones engañosas.

A través de sus canales oficiales, la Presidencia afirmó que el decreto eliminará de manera progresiva el uso de números “fantasma” en el sistema de telecomunicaciones. El Ejecutivo sostuvo que, con estas medidas, se garantizará la trazabilidad de las comunicaciones en toda la red, lo que contribuirá a mejorar la seguridad ciudadana y la confianza de los usuarios.

El Decreto Legislativo N.° 1723 establece que las operadoras deberán asegurar la autenticidad del número desde el cual se originan las llamadas y mensajes. De esta forma, los usuarios podrán identificar el origen real de cada comunicación que reciban, facilitando la detección de intentos de fraude y la alerta temprana a las autoridades competentes.

Otro eje central de la norma es la prohibición expresa de cualquier mecanismo que oculte o modifique números telefónicos con fines ilícitos. Además, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones asumirá un rol activo de supervisión, exigiendo a las empresas que bloqueen llamadas no identificables y adopten medidas técnicas para impedir la circulación de comunicaciones anónimas.

El marco legal también contempla sanciones para las compañías que incumplan estas obligaciones, que van desde amonestaciones hasta multas económicas. Asimismo, la norma refuerza las restricciones contra el envío de SMS anónimos y el SPAM, reafirmando el compromiso del Gobierno con comunicaciones más seguras, transparentes y confiables para la ciudadanía.