La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) solicitó a la presidenta Dina Boluarte convocar de manera urgente al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) en la provincia de Pataz, región La Libertad, donde el reciente asesinato de 13 trabajadores mineros ha encendido las alarmas sobre el avance del crimen organizado.

Koki Noriega, presidente de la ANGR y gobernador regional de Áncash, sostuvo que la ausencia del Estado ha facilitado el control territorial por parte de organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal.

“Estoy instando a la presidenta a que convoque una reunión extraordinaria en el mismo lugar de los hechos. Que vayamos todas las autoridades a Pataz”, declaró Noriega. El gobernador criticó duramente la falta de liderazgo por parte del Ejecutivo y la ineficacia del estado de emergencia vigente en la zona. A su juicio, la situación ha rebasado la capacidad operativa de la Policía Nacional y requiere una respuesta más contundente del Gobierno central.

En un comunicado oficial, la ANGR denunció que los crímenes no son hechos aislados, sino parte de una escalada de violencia sistemática en la provincia. Señalan que desde hace meses medios locales, organizaciones civiles y líderes comunales han alertado sobre el crecimiento de la inseguridad, las extorsiones, el sicariato y los enfrentamientos armados. Pese a ello, aseguran que el Gobierno ha mantenido una postura pasiva que ha agravado el problema.

La organización de gobernadores ha exigido como medidas inmediatas la intervención de las Fuerzas Armadas, la instalación de una base militar permanente en Pataz y la apertura de una investigación fiscal especializada para identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de la reciente masacre. Estas acciones, consideran, son urgentes para recuperar el control estatal del territorio y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

El caso de los 13 trabajadores asesinados, presuntamente vinculados a una empresa minera formal, ha generado conmoción nacional y se ha convertido en un símbolo del abandono de las zonas altoandinas afectadas por la minería ilegal. La exigencia de los gobiernos regionales busca presionar al Ejecutivo para tomar decisiones concretas frente a una crisis de seguridad que, según advierten, ya ha alcanzado un punto crítico.