El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) rechazó de manera categórica haber beneficiado indebidamente a una persona o empresa específica, luego de hacerse públicas las reuniones del presidente de la República, José Jerí, con el empresario chino Zhihua Yang, propietario del local Market Capón, en el marco del denominado caso “Chifagate”.

A través de un comunicado oficial, la entidad respondió a las versiones que señalaban que una reciente resolución administrativa habría favorecido al citado empresario tras dichos encuentros. Indecopi sostuvo que no existe sustento para afirmar que se haya emitido algún pronunciamiento con el propósito de otorgar ventajas indebidas, y subrayó que rechaza cualquier información que sugiera un beneficio particular a favor de terceros.

El organismo precisó que la Resolución N.° 0010-2026/CEB-INDECOPI, emitida el 9 de enero de 2026 por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, declaró en primera instancia la existencia de barreras burocráticas impuestas por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Estas se encontraban vinculadas a la prohibición de determinadas actividades económicas en el Centro Histórico de Lima, establecidas en normas municipales de alcance general.

En ese sentido, Indecopi remarcó que dicho pronunciamiento no analizó ni resolvió un caso particular, ni se refirió a la situación de una persona, empresa o establecimiento específico. Añadió que la evaluación se realizó sobre disposiciones normativas de carácter general, sin atender a intereses individuales ni a hechos ajenos al procedimiento administrativo.

Asimismo, la institución indicó que la labor previa a la emisión de la resolución se desarrolló dentro del plazo legal de 120 días hábiles y con estricto respeto a los principios de legalidad, imparcialidad y probidad. Según el comunicado, el proceso se llevó a cabo sin influencia de factores externos ni consideraciones políticas o mediáticas.

Finalmente, Indecopi aclaró que la resolución cuestionada no se encuentra en ejecución, debido a que la Municipalidad Metropolitana de Lima tiene plazo hasta el 2 de febrero de 2026 para interponer el recurso de apelación correspondiente, el cual deberá ser evaluado por la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas como segunda y última instancia administrativa.