Jorge E. Uceda

Por lo sucedido en la noche del jueves 19 de enero en Lima.

Por la cobarde e insuficiente respuesta del gobierno al ataque senderista a la Capital.

Por su imperdonable torpeza al prescindir de los servicios de Inteligencia del experto Juan Carlos Liendo, designado jefe de la DINI el 18 de diciembre por Pedro Angulo, presidente del Consejo de Ministros y retirado el 3 de enero por Alberto Otárola (PCM desde el 21 diciembre y ex abogado de Dina Boluarte durante su Acusación Constitucional del Congreso) por haber sostenido que las violentas protestas que siguieron al justo encarcelamiento de Castillo eran de corte terrorista.

La torpeza aludida arriba fue seguida de la declaración presidencial que los invitaba a los viajeros del sur a tomar Lima. Durante la ceremonia de la inauguración jurisdiccional del Tribunal Constitucional para 2023, el 17 de enero, Dina Boluarte dijo textualmente: “Yo los llamo a tomar Lima, pero en calma y en paz, yo los espero en la casa de Gobierno para poder dialogar sobre las agendas sociales que tienen".

¿Y el Estado de Emergencia decretado por Boluarte y Otárola el 14 de enero? En El Peruano se lee: “A partir del 15 de enero y por 30 días calendario se declara el estado de emergencia para los departamentos de Puno, Cusco, Lima, provincia constitucional del Callao, provincia de Andahuaylas (Apurímac), provincias de Tambopata y Tahuamanu (Madre de Dios), distrito de Tarata en la provincia Mariscal Nieto (Moquegua)”. El decreto comprendía a varios tramos de la red vial, incluyendo a la Carretera Panamericana Sur
¿Cómo es posible que se permitiera que cientos de manifestantes viajaran del sur a la capital en camiones, buses y camionetas?

¿Quién diablos hace cumplir la ley en el Perú? Esta sospechosa movilización delincuencial del campo a la ciudad fue permitida por los que dictaron un decreto supremo que la turba olímpicamente ignoró. Y las otras instituciones del Estado, la prensa, la ciudadanía ¿qué dijeron?

El 18 llegaron a Lima y se alojaron en San Marcos y la UNI. Ya la organización les tenía agua y comida y sitios donde dormir. Mientras el rector de UNI les daba la bienvenida, la rectora de San Marcos hizo honor a la Casa de Estudios más antigua de América condenando la invasión delictiva y exigiendo su remoción.

El ataque a la capital del 19 de enero ha quedado masivamente documentada por la prensa y el moderno y muy efectivo sistema de cámaras de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Los fiscales han recolectado minuciosa información para identificar a los terrucos que incitaban a mercenarios vandálicos buscando muertitos, mientras atacaban salvajemente a nuestros valerosos policías, impedidos por Otárola de usar sus armas de reglamento.

Mientras tanto, los terroristas en el sur atacaban nuevamente los aeropuertos de Juliaca, Cusco y Arequipa, ante la ausencia de la fuerza armada. Solo fueron repelidas por policías con escudos y gases lacrimógenos.

Es indignante la pusilánime respuesta del gobierno ante los ataques del castrochavismo internacional, el narco-terrorismo latinoamericano y una camarilla de traidores a la Patria, apoyados vilmente por las ideologizadas Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Organización de Estados Americanos. ¿O es que aún se pretende engañar a la ciudadanía como hicieron los que traicionaron a las mayorías latinoamericanas? Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua fueron convertidas en naciones comunistas hace ya 64, 24, 19 y 16 años, respectivamente.

¿Cuántos muertos, desaparecidos y torturados han producido esas dantescas dictaduras, con el silencio de la CIDH y la OEA? Hoy, el “gobierno peruano” se cuida de reprimir al neo-senderismo –a quienes solo los denomina “manifestantes”- para evitar el “costo social”, enviando a policías desarmados, mientras el vandalismo asesino incendia comisarías, asentamientos mineros, oficinas descentralizadas del poder judicial, propiedad pública, buscando asaltar aeropuertos e hidroeléctricas y hasta colgando animales muertos de los postes; al fracasar su “toma de Lima”, dejaron en cenizas un hermoso edificio centenario cercano a nuestra Plaza San Martin.

Lo que nos lleva finalmente a la gran pregunta: ¿Por qué no salen las FFAA a cumplir su función constitucional? La respuesta tiene varias interrogantes: ¿Qué hemos hecho como ciudadanía para corregir legalmente la enorme injusticia a nuestros militares que derrotaron a Sendero? ¿Acaso los indemnizamos como la caviarada indemnizó a los terroristas? ¿Cómo es que el Congreso de la República y nuestros más connotados constitucionalistas hasta ahora no hayan siquiera presentado un proyecto de ley que proteja a nuestros uniformados por cumplir su deber constitucional?

Es indignante ver que los peruanos no sigamos el ejemplo de otros seres humanos que habitan en países de primer mundo. Nos hace falta liderazgo y tesón para preservar nuestra democracia y libertad con el fin de asegurar el progreso de nuestras
próximas generaciones. Aunque parece que está surgiendo una lideresa entre nuestra juventud congresista.