El exviceministro del Interior Julio Corcuera consideró que la salida de Óscar Arriola de la Comandancia General de la Policía Nacional responde a elementos objetivos y terminó siendo una alternativa favorable frente a la posibilidad de modificar las reglas para retirarlo del cargo. Sus declaraciones fueron brindadas en el programa Con el Pie Derecho, de Alfonso Baella Herrera, emitido por Bethel Radio 100.1 FM.

Corcuera recordó que tanto el ministro del Interior como el presidente del Consejo de Ministros habían señalado previamente que Arriola no podía ser removido debido a las restricciones establecidas por la legislación. A ello se sumó el pedido público de la bancada de Renovación Popular para que se concrete la salida del comandante general, además de las posiciones expresadas por otros parlamentarios, situación que, según sostuvo, había convertido su permanencia en políticamente insostenible.

El exviceministro señaló que la renuncia de Arriola resulta preferible a la alternativa que había comenzado a promoverse: impulsar una modificación legal específica que permitiera retirarlo del cargo. “Es mejor esta salida a lo que empezó a promoverse: prácticamente una ley con nombre propio para poder retirarlo”, afirmó. En su opinión, cambiar las reglas por un caso particular podría afectar la institucionalidad y generar nuevamente niveles de volatilidad en la designación de los comandantes generales de la Policía.

Sin embargo, Corcuera advirtió que la salida de Arriola no resolverá por sí misma los problemas de seguridad ciudadana ni modificará los indicadores de criminalidad. Explicó que el nuevo comandante general deberá enfrentar un escenario marcado por una mayor violencia y, al mismo tiempo, por una reducción presupuestal para el sector Interior. Según indicó, este año existirán alrededor de 500 millones de soles menos para Interior y seguridad respecto de años anteriores, mientras que el sector Defensa dispondrá de unos 2.000 millones de soles adicionales.

Para Corcuera, este desbalance presupuestal constituye un factor que debe ser considerado al evaluar la respuesta del Estado frente al avance del crimen organizado. “Si alguien enfrenta al crimen organizado, que sin duda es el sector seguridad, ¿qué hace un gestor, cualquiera sea el gerente, si se encuentra con menos recursos y demandas más altas?”, cuestionó. En ese sentido, sostuvo que los problemas de inseguridad trascienden los nombres de quienes encabezan las instituciones y requieren considerar las capacidades y recursos disponibles para enfrentar la criminalidad.