El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció que su gestión apelará ante la Corte Suprema de Estados Unidos los laudos arbitrales que favorecieron a la empresa canadiense Brookfield, operadora de los peajes de Puente Piedra. La decisión se produce tras la confirmación, por parte de la Corte de Apelaciones de Columbia, de dos fallos en contra de la Municipalidad Metropolitana de Lima por aproximadamente 200 millones de dólares.

La defensa de la comuna busca invalidar el contrato de concesión de 2013, firmado durante la gestión de Susana Villarán, alegando que fue producto de actos de corrupción vinculados al caso Odebrecht. López Aliaga señaló que la compra de Rutas de Lima por parte de Brookfield se concretó cuando Marcelo Odebrecht ya estaba preso, lo que, según dijo, califica como lavado de activos.

El burgomaestre afirmó confiar en la estrategia legal de su equipo en Estados Unidos y cuestionó el accionar de anteriores administraciones municipales, especialmente por haber contratado estudios de abogados vinculados a la propia Brookfield. A su juicio, este conflicto tiene origen en la corrupción y la inacción de las autoridades judiciales peruanas, que aún no han llevado a juicio oral a los responsables del caso.

López Aliaga remarcó que su gestión heredó un proceso prácticamente sentenciado en contra, ya que los laudos desfavorables fueron emitidos antes de que asumiera el cargo. Sin embargo, aseguró que la ley le exige agotar todas las instancias posibles como funcionario público, razón por la cual no desistirá de la apelación.

Finalmente, criticó duramente a la Fiscalía y al Poder Judicial por no avanzar en la investigación de Villarán y enfatizó que el verdadero problema radica en la falta de sanción contra los responsables originales. “La lucha no es solo legal, sino también ética. No vamos a convalidar un robo disfrazado de contrato”, sentenció.