En un movimiento significativo dentro del sistema de justicia, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, dejó sin efecto el nombramiento de Marita Barreto como coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop). La decisión fue oficializada este viernes mediante una resolución publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La medida implica la incorporación del personal fiscal y administrativo del Eficcop a la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Según la resolución, este cambio busca estandarizar criterios investigativos, optimizar recursos y mejorar la articulación entre despachos fiscales para garantizar una administración de justicia más efectiva.

Además, se dispuso que la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios asuma, en segunda instancia, los casos previamente manejados por el Eficcop.

Tras su remoción, se conoció que la Policía Nacional del Perú (PNP) retiró la seguridad personal asignada a Marita Barreto, lo que ha generado cuestionamientos sobre las garantías brindadas a los fiscales que lideran investigaciones sensibles.

La resolución firmada por Espinoza argumenta que esta reestructuración contribuirá a una mejor gestión de los recursos y un mayor impacto positivo en las actuaciones fiscales. Sin embargo, también marca el fin del esquema de liderazgo de Barreto, quien había estado al frente de investigaciones clave relacionadas con corrupción en altos niveles del poder.

Este cambio ocurre en un momento crítico para el sistema de justicia peruano, en medio de investigaciones de alto perfil y tensiones políticas. Algunos sectores han señalado que la decisión podría tener implicancias sobre la autonomía del Eficcop y las investigaciones en curso, mientras que otros la interpretan como un intento de centralizar y fortalecer la supervisión dentro del Ministerio Público.

La reestructuración del Eficcop podría redefinir la lucha contra la corrupción en el país, dejando abierta la pregunta de cómo impactará en las investigaciones futuras y en la confianza en el sistema judicial.