La fiscal Marita Barreto ha retomado oficialmente sus funciones en el Ministerio Público tras vencerse la suspensión preventiva que le fue impuesta en octubre del año pasado por la Autoridad Nacional de Control (ANC). La reincorporación fue confirmada mediante una resolución firmada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien dispuso que Barreto regrese a su plaza original como titular de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad.

Este despacho es responsable de investigar presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado, incluidos miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. En consecuencia, la designación devuelve a Barreto un rol estratégico dentro del sistema fiscal, en momentos donde se mantiene un intenso debate sobre la actuación de las fuerzas del orden y la transparencia institucional.

La Resolución N.º 2418095-1 también establece el término de la designación del abogado Kevin Irwin Mendoza Delgado en dicha fiscalía, quien ahora ha sido reasignado a la Coordinación de las Fiscalías Superiores Penales Nacionales y Supraprovinciales en Derechos Humanos. Con esta medida, el Ministerio Público busca reorganizar sus cuadros frente a las investigaciones de alto perfil que siguen su curso.

Cabe recordar que la fiscal Barreto fue suspendida por presuntas irregularidades administrativas, situación que generó un fuerte impacto dentro del Ministerio Público y motivó el seguimiento de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a las decisiones adoptadas. Durante su tiempo fuera del cargo, el Ministerio Público enfrentó varias controversias internas, que hoy se reavivan con su retorno.

La restitución de Barreto coincide además con una controversia mediática generada por una denuncia que ella interpuso contra periodistas de Willax TV, a quienes atribuyó la formación de una presunta organización criminal en el marco de sus coberturas informativas. Dicha calificación fue rechazada públicamente por los comunicadores, generando un nuevo foco de tensión entre el periodismo y el aparato judicial.