La masacre de trece trabajadores mineros en Pataz, región La Libertad, ha sacudido al país y dejado al descubierto la crítica situación de inseguridad en las zonas de explotación aurífera del Perú.

Los cuerpos de las víctimas, que brindaban servicios de seguridad a una operación artesanal en proceso de formalización, fueron hallados calcinados dentro de un socavón. Habían sido secuestrados, maniatados, torturados y ejecutados con disparos al cuello por presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Parqueros’.

El ataque ocurrió el 26 de abril, cuando un grupo armado ingresó al anexo Pueblo Nuevo, en el nivel 2025 del área operada por la empresa R&R, en busca de oro y control territorial. Aunque el hecho fue denunciado días después por familiares, las autoridades inicialmente pusieron en duda la veracidad del secuestro. La respuesta tardía del Estado fue duramente cuestionada, así como la incapacidad de frenar una escalada de violencia que, según cifras de la minera Poderosa, ya suma 39 trabajadores y colaboradores asesinados por bandas en la zona.

Videos difundidos en redes sociales muestran a los criminales organizando el asesinato de los mineros dentro del socavón, mientras portaban fusiles. La brutalidad del crimen y el nivel de impunidad con el que fue cometido motivaron un pronunciamiento de la minera Poderosa, que exigió al Gobierno replantear su estrategia contra la criminalidad, fortalecer la inteligencia policial e intervenir de forma urgente las bocaminas ilegales desde donde operan los delincuentes.

A pesar del estado de emergencia vigente desde febrero de 2024 y de sucesivas prórrogas, los operativos policiales no han logrado contener los enfrentamientos ni capturar a los cabecillas de estas mafias. En los últimos meses, se han reportado ataques armados contra vehículos de seguridad, enfrentamientos en plantas procesadoras y denuncias de colusión entre mineros ilegales y organizaciones criminales. El alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariño, denunció la falta de trabajo de inteligencia y la ausencia de resultados en la lucha contra el crimen en su jurisdicción.

El Ministerio del Interior ha ordenado el despliegue de unidades élite para capturar a los responsables, mientras el Gobierno Regional de La Libertad pidió declarar el estado de sitio. Especialistas en seguridad como Pedro Yaranga y el exministro Carlos Morán coinciden en que el problema no se resolverá solo con presencia militar, sino con una estrategia articulada que combine inteligencia, justicia y control territorial. La masacre de Pataz no solo evidencia una tragedia humanitaria, sino un vacío de autoridad en un territorio donde el Estado parece haber cedido terreno al crimen.